Cuarta Urna

El golpe militar perpetrado en Honduras ha intentado ser justificado por algunos, sobre la base de atribuir segundas intenciones a la propuesta del Presidente Manuel Zelaya de instalar una cuarta urna para consultar a los ciudadanos de ese país sobre una eventual reforma constitucional. Diferentes tesis, algunas más creativas y conspirativas que otras, se han centrado en los eventuales afanes perpetuadores de Zelaya y otras elucubraciones, con el único objetivo de validar lo que el ya olvidado Bush y sus halcones hubiera denominado un “golpe preventivo”.

O sea, un supuesto “derecho” a derrocar un gobierno legítimo, electo democráticamente, sólo porque algunos suponen y le endosan malignas intenciones a un mandatario. Pero pocas de esas mismas voces que compiten por descubrir el “Plan Z” de Zelaya se refieren a lo que representaba la idea de la cuarta urna. Pocos dicen que la esencia de dicha propuesta era consultar al pueblo, como también lo hacen otros países.

De hecho, en las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas 33 Estados consultaron sus ciudadanos sobre un total de 133 temas que van desde el modo en que se gasta el dinero recaudado en impuestos hasta los derechos que garantizan sus constituciones. Esas mismas consultas también ofrecieron a los votantes la oportunidad de implantar o revocar normas, endosar propuestas de ley, determinar la forma en que se recaudarán fondos y aprobar o rechazar posibles enmiendas a las constituciones estatales. Uno de los temas más recurrente en esta elección de EEUU fue la consulta a favor o en contra del aborto.

Lo mismo sucederá en las elecciones del próximo 25 de octubre, en Uruguay, donde los electores, junto con elegir un nuevo Presidente se pronunciarán sobre si se anulan o no los efectos de la ley de amnistía que amparó a los violadores de DDHH entre 1973 y 1985. Para que se llegara a esta consulta los ciudadanos interesados en su derogación reunieron más de 250 mil firmas válidas, que representan más del 10% del padrón electoral. Este caso es doblemente relevante porque había sido un anterior referéndum (en 1989) el que había mantenido la vigencia de la impunidad.

Recientemente un informe elaborado por una consultora privada para el Ministerio de Energía proponía, entre otras materias, consultar a la ciudadanía respecto del desarrollo de la energía nuclear en nuestro país, como una forma de legitimar y “blanquear” una decisión que ya está tomada.

Quienes reclaman y defienden sus derechos como personas o ciudadanos también han planteado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que frente a las diferencias existentes entre los poderes Legislativo y el Ejecutivo chilenas y chilenos sean consultados para dirimir. Ello ha sido usado como argumento en temas como el acceso a la píldora del día después, el divorcio, la eutanasia, el aborto, la nacionalización del agua, la re-nacionalización del cobre y decenas de temas relacionados con medio ambiente y derechos de las personas.

Sin embargo, y pese que incluso durante la discusión de la Constitución del 80 en las comisiones que bajo la tutela de la junta militar pretendían sustituir a una asamblea constituyente y al Parlamento, el propio ex mandatario Jorge Alessandri propuso que se aplicara la fórmula del plebiscito y la consulta para resolver las controversias de gran interés y connotación social o que no pudieran ser resultas legislativamente.

Más allá del caso hondureño, donde nuevamente se imponen las presunciones y los prejuicios por sobre las realidades, es de la mayor importancia reponer un debate donde junto con insistir en la materialización de instituciones como el Ombudsman o Defensor del Pueblo y la Iniciativa Popular de Ley, se exija que los chilenos tengamos derecho a ser consultados o pedir ser consultados sobre los que temas que nos interesan o nos afectan y que no tienen por que siempre terminar en los famosos “consensos” o los acuerdos con manos tomadas con la derecha.

Cuando a cada rato escuchamos lo cerca que estamos de ingresar al “selecto club de países desarrollados”, cada vez más se hacen patentes nuestras precariedades y carencias democráticas. El futuro de Chile no descansa sólo en las cifras macroeconómicas que a algunos tanto les gusta exhibir, sino también en el fortalecimiento de los tejidos sociales y de los derechos de la ciudadanía. La participación ciudadana se fortalece….con participación ciudadana. Por eso, hace rato es tiempo que tengamos una cuarta urna para Chile.

Por Alejandro Navarro, senador y candidato presidencial del MAS