Por El Ciudadano
La campaña del Rechazo a la propuesta constitucional ha revelado uno de los grandes déficits del sistema de medios de comunicación chileno. No solo existe una concentración del mercado editorial: existe un monopolio ideológico. El sistema de medios chileno es una sola voz concertada para defender el statu quo de un orden político y económico instalado por la dictadura cívico militar y reforzado por todos los gobiernos democráticos. En Chile no hay espacio a la crítica ni a voces diferentes.
No siempre ha sido así. Chile gozó durante el siglo pasado de periódicos de tendencias representativas de las diferentes fuerzas sociales y políticas. Así fue hasta el Golpe de Estado, que confiscó a toda la prensa de izquierda y persiguió a sus periodistas. El caso más emblemático es del diario popular El Clarín, que vendía durante la década de los sesenta y comienzos de los setenta más de 200 mil ejemplares diarios, los que aumentaban a 350 mil los fines de semana.
A partir del 11 de septiembre, su historia expresa la violencia que siguió al golpe, la intolerancia y la persecución de la dictadura y más tarde la mano larga de la oligarquía que ha movido sus hilos a través de los distintos gobiernos de la transición.
Su propietario era Víctor Pey, refugiado español del barco Winnipeg, que compró el diario a comienzos de la década de 1970. Al regreso de su exilio pidió a los gobiernos de la Concertación la devolución del periódico, lo que fue negado por los distintos gobiernos de la transición.
Víctor Pey inicio un juicio en tribunales chilenos e internacionales hasta que en 2008 la justicia emitió un laudo a su favor. Tras la apelación por parte del estado chileno, el 2020 el tribunal del CIADI pronunció un fallo inapelable que determinaba que el propietario de El Clarín debía ser indemnizado. Desde ese entonces, un tribunal de cualquiera de los países que reconocen al CIADI, Chile y España incluidos, puede ejecutar el laudo.
Este ha sido el juicio más largo de la historia del tribunal internacional. Víctor Pey falleció el 2018, pero había legado la batalla por la recuperación del diario a la Fundación Presidente Allende de España y a sus herederos. Siempre con el compromiso ético de destinar la indemnización para devolver a la sociedad chilena el diario popular.
A finales de 2021 el gobierno de Sebastián Piñera recibió la resolución del juez de Madrid que ejecutó el laudo. La Fundación Presidente Allende y la heredera de Víctor Pey, fallecido en 2018, debían ser indemnizadas por el Estado chileno por un valor de 550 millones de dólares.
El gobierno de Piñera le derivó este compromiso al de Gabriel Boric, que hasta la fecha no ha respondido. En septiembre de 2017, cuando el actual presidente era diputado, llamó al entonces Gobierno de Michelle Bachelet a asumir esta obligación y pagar la indemnización. En aquella oportunidad, Boric denunció la escasa pluralidad que adolece el sistema de medios chileno.
El 5 de septiembre pasado el juez de Madrid envió al gobierno de Chile una propuesta acuerdo de los propietarios de El Clarín. El cambio al actual concentrado sistema de medios chileno está en manos del actual gobierno.
Te invitamos a apoyar esta campaña para recuperar el pluralismo informativo que toda democracia necesita. Defendamos esta posibilidad única de contar con un medio independiente que rompa con los monopolios del pensamiento y la opinión. Puedes firmar la petición aquí.