Nueva Ley Acuícola: Organizaciones llaman a terminar con falencias, incumplimientos e ilegalidades salmoneras

Nueva Ley Acuícola: Un llamado urgente a poner fin a las malas prácticas salmoneras en Chiloé y la Patagonia

En medio de la tramitación de la nueva Ley General de Acuicultura en el Congreso, comunidades costeras y organizaciones de Chiloé y la Patagonia han levantado sus voces para exigir cambios en la industria salmonera chilena. La ley, que ha abierto un proceso participativo hasta el 31 de octubre, podría ser la herramienta crucial para reordenar una industria marcada por escándalos y prácticas ilegales que han dañado tanto el medio ambiente como la credibilidad de las instituciones.

Con respecto a estos desafíos, desde el archipiélago de Chiloé, Juan Carlos Viveros, , coordinador de Defendamos Chiloé , señaló que : “Creemos que la compleja situación que vive la industria y la institucionalidad pública de chile , en que han quedado en evidencia graves falencias e incumplimientos (como los casos de sobreproducción , las caducidades ) viene a abrir una enorme oportunidad para el reordenamiento de la industria y la modernización de todo el aparataje público ligado a la acuicultura. Esta gran oportunidad tendría en la nueva ley de acuicultura su escenario perfecto para hacerse real”.

El vocero también señala: “Esperamos que todos los actores estemos a la altura de entender este momento. Sobre todo el Estado, el Gobierno, el poder ejecutivo, que es quien está llamado a sentar las bases para una acuicultura diferente (…) Si anhelamos ser un país serio, consciente y con un desarrollo más sostenible, es la salida de las salmoneras de las áreas protegidas de la Patagonia lo que vendría a ser un paso que todos debiésemos acordar y aplaudir”, comenta el dirigente.

Puntos críticos

Uno de los puntos más críticos que han salido a la luz en enero de este año, es la existencia de 587 concesiones acuícolas hipotecadas a bancos nacionales e internacionales, como reveló el medio Interferencia. Este informe, basado en datos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, expone cómo grandes empresas salmoneras como MOWI, Australis y Cermaq han comprometido vastos sectores del mar chileno en acuerdos financieros, afectando, como ejemplo,  áreas protegidas como el Parque Nacional Alberto De Agostini en la Región de Magallanes.

Las comunidades afectadas advierten que la permisividad estatal ha permitido a la industria operar en áreas protegidas y con concesiones que deberían haber sido caducadas. Según  un artículo de Peter Hartmann, presidente de la Agrupación Aisén Reserva de Vida, la situación es alarmante: «En Aysén, el 50% de las concesiones están hipotecadas y en caducidad, pero ni SERNAPESCA ni la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tomaron medidas efectivas para revertir esta situación».

Además, las organizaciones han denunciado que la sobreproducción de salmones es una práctica habitual en la industria, con graves consecuencias ambientales. Un comunicado reciente resalta que numerosas empresas salmoneras están produciendo biomasa por encima de los límites permitidos, sin resoluciones de calificación ambiental y sin ser sancionadas. Esto ha generado «condiciones anaeróbicas» en los fondos marinos, destruyendo la vida marina local y poniendo en riesgo la biodiversidad.

La falta de fiscalización y la aparente complicidad de las autoridades han llevado a las organizaciones a cuestionar la integridad de los organismos responsables. En 2023, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados solicitó la caducidad de 457 concesiones, sin embargo, la aplicación de estas medidas ha sido lenta y hasta ahora insuficiente.

Organizaciones y comunidades de Chiloé y la Patagonia defensoras del territorio marítimo, ven en la nueva Ley Acuícola una oportunidad histórica para corregir el rumbo. Exigen que la ley incluya la prohibición explícita de actividades acuícolas en áreas protegidas y establezca un plan claro para desmantelar las concesiones existentes en estos territorios. Además, insisten en la necesidad de una fiscalización efectiva y sanciones severas para las empresas que continúen violando las normativas.

Para las organizaciones demandantes, la nueva Ley Acuícola no solo debe regular el acceso y la sostenibilidad, sino que también tiene que poner fin a décadas de malas prácticas y asegurar que el mar chileno no siga siendo hipotecado y explotado en detrimento de su gente y su biodiversidad.

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