Cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron sancionados tras ser acusados de facilitar trámites migratorios y la obtención de duplicados de tarjetas únicas migratorias, también llamadas “tarjetas de turismo”, para extranjeros que entraron a Chile por pasos no habilitados.
Según una investigación de Radio Bío-Bío, los funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) Antofagasta de la PDI, fueron sometidos a un sumario administrativo, y cuatro de ellos ya están fuera de la institución.
Los uniformados trabajaban en coordinación con un civil que prestaba servicios para una agencia naviera y, a cambio de sus gestiones, recibían regalos y pagos en dinero.
Toda esta corrupción quedó al descubierto cuando el día 7 de abril 2022, cuando una ciudadana colombiana, Ángela Casanova Becerra, fue detenida en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta mientras intentaba abordar un avión hacia Cali, Colombia. Durante el control migratorio, el detective Dennis Navarrete Díaz, del DEMIG Antofagasta, detectó irregularidades en la tarjeta de turismo de Casanova, lo que desencadenó una serie de revelaciones impactantes.
Cabe recordar que la tarjeta única migratoria es un documento entregado por la PDI a los extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse. Quienes tienen este documento de permanencia transitoria pueden permanecer en Chile por hasta 90 días corridos, plazo que es limitado y puede prorrogarse por otros 90 días.
Tras ser interrogada la mujer colombiana reconoció que había ingresado a Chile ilegalmente por Colchane en diciembre del 2021, por ello no registraba ingreso a Chile según se constató en el sistema de control migratorio.
Sobre el documento falsificado, la mujer reconoció que su yerno identificado como Ronald Zapata Ceballos le había entregado el documento para viajar.
El propio Zapata confirmó que su suegra ingresó por un paso ilegal y detalló que un compañero de trabajo le recomendó ir una “oficina” de trámites de extranjería en Antofagasta. En el lugar, una mujer de su misma nacionalidad llamada “Lili” le explicó que ella obtenía un documento de “entrada al país” y luego esto se vería reflejado “en los sistemas de la PDI”.
“Lili” le compartió el contacto de otra compatriota, Claudia Patiño, con quien debía materializar el “servicio”. Patiño, quien le señaló a Zapata que el documento lo “realizaría alguien de la PDI sin dar más detalles”, le entregó la tarjeta de turismo con “todos los datos de su suegra”, incluido el ingreso al país “en los sistemas de la PDI”, tras el pago de $603 mil.
Tras su confesión la mujer fue detenida por uso malicioso de instrumento público, y sus revelaciones mujer llevaron a la apertura de un sumario administrativo el 11 de abril de 2022, con el objetivo de determinar las circunstancias del uso indebido de la tarjeta de turismo y la posible implicación de personal institucional.
Red criminal de funcionarios de la PDI y civiles
Además, se descubrió la existencia de un audio en el que uno de los implicados hablaba sobre un viaje que no pudo ser registrado en el sistema interno de la PDI.
El sumario administrativo reveló detalles de las maniobras empleadas por una red criminal compuesta por los “asesores” y los funcionarios del DEMIG de Antofagasta de la PDI que se dedicaban a la asesoría y venta de trámites migratorios y que recibían importantes sumas de dinero o regalos a cambio de sus servicios.
Entre los nombres mencionados en el reportaje del citado medio figuran Sergio Hidalgo Acuña, quien era conocido por los funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta de la PDI debido a su trabajo en una agencia naviera y su relación con el traslado de tripulantes y personal policial. Hidalgo se convirtió en la figura clave para revelar los vínculos entre los policías y las empresas dedicadas a la tramitación de documentos migratorios.
El sumario administrativo también reveló que algunos de los funcionarios no solo recibían dinero, sino que también aceptaban regalos como botellas de whisky y tiempo en un departamento para “reunirse” con mujeres.
En respuesta a estos hallazgos, se tomaron medidas disciplinarias contra los cinco funcionarios involucrado y cuatro de ellos ya no forman parte de las filas de la PDI
Después de una exhaustiva investigación, se tomaron medidas disciplinarias contra los cinco funcionarios involucrados. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso al dictamen de 34 páginas, en el que se detallan las acciones fraudulentas llevadas a cabo por los “asesores” y los funcionarios de la PDI,
El 27 de enero de 2023 se cerró el sumario interno, y casi un mes y medio después, el 13 de marzo, se propusieron medidas disciplinarias para los funcionarios indagados. Para el comisario César Muñoz se dictaminó la sanción de tres días de permanencia en el cuartel; para los asistentes policiales, Patricio Véliz y Esteban Trujillo, se dictaminó la baja por mala conducta; para el subprefecto Andrés Fuentes, se dictaminó la sanción de petición de renuncia; y para el subcomisario Sebastián Zúñiga se dictaminó la sanción de separación de la institución.
Desde la PDI indicaron a Bío Bío que “en la actualidad existe una investigación penal en desarrollo, por lo tanto, no es factible referirnos a ella. En esta línea señalar que por la gravedad de los hechos investigados fueron dados de baja cuatro funcionarios. Independiente de lo anterior, se instruyó un sumario administrativo que se encuentra aún en desarrollo”.
Asimismo destacaron que “fue la propia institución quien identificó y denunció los hechos ante el Ministerio Público, acción por la cual se dio inicio al proceso judicial en curso”.
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