Nuevo escándalo salmonero: empresas crean conflicto artificial por áreas protegidas y fuentes de trabajo

Empresarios y poderosas transnacionales persisten en sabotear una ley considerada moderada, señalada como requisito para cumplir con el estándar OCDE  en materia de desarrollo, conservación y áreas protegidas.

El proyecto de ley SBAP que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,  que lleva ya 10 años de tramitación en el Congreso, partió como parte de una recomendación OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), para ser parte de los países definidos como “desarrollados”, cuyos criterios son evaluados. La recomendación ha establecido crear:  “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”.

Sin embargo, su tramitación ha enfrentado un gran obstáculo. Las concesiones a empresas salmoneras en áreas protegidas, donde, como hechos públicos y ampliamente conocidos,  varias tienen un amplio prontuario de delitos ambientales, como ha ocurrido a modo de ejemplo en el Fiordo Comau, en la Región de Los Lagos o en el Parque Nacional Alberto de Agostini de Magallanes, que hacen un escenario impensado ya que, una ley de estándar OCDE, cuyo espíritu es la protección y conservación de la naturaleza en áreas protegidas como ocurre en los países desarrollados,  en Chile, ciertos sectores pretenden mantener un statu quo.

A tal punto es la discordia, que dicho conflicto fue llevado a una Comisión Mixta de parlamentarios que debe resolver en las siguientes horas el conflicto, bajo una fuerte presión de sectores de la industria salmonera, hecho que podría empañar la creación de esta ley y arrastrar graves consecuencias.

Empresas han señalado que un alto porcentaje de sus centros de operaciones se encuentran al interior de áreas protegidas y que esta ley afectaría al empleo. Sin embargo, se ha aclarado en reiteradas ocasiones desde fuentes oficiales, que esta ley no es con efecto retroactivo y que no afectará a las fuentes de trabajo, dejando en evidencia que el problema de fondo, son los intereses de grandes transnacionales que pretenden perpetuarse al interior de parques nacionales y reservas naturales, patrimonio de todo Chile, de una enorme riqueza en biodiversidad y culturas, como también para el desarrollo de actividades locales como el turismo y la pesca artesanal, según han destacado comunidades y organizaciones de la Patagonia Austral.  

Campaña de desinformación desde la industria salmonera

 Sectores ligados a la industria salmonera bajo la consigna «Soy del sur, soy salmonero», convocaron a una marcha familiar para este viernes 26 de mayo, cuyo punto central de atención será Puerto Montt hacia la Gobernación, “con el fin de defender a la industria nacional: «El futuro de la región está en juego», advirtieron.

Previo a este escenario, en una insólita publicación en el Diario Financiero, replicada en otros medios comerciales, con fecha 18 de mayo, se señaló que, de aprobarse la Ley SBAP  afectaría el 40 % de las concesiones salmoneras y agrega: “Asimismo, las fuentes de la industria señalan que el 60 % de los centros operativos están al interior de áreas protegidas”, destacándoseque los intentos por regular a la industria salmonera obedecerían a “propósitos ideológicos”, según directivo de la Asociación de Salmonicultores.

En la publicación, Arturo Clément, presidente de SalmonChile, sostiene que, en la práctica, el proyecto, tal como está, “va a eliminar a la salmonicultura de estas zonas”.

Por su parte, la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, en esa línea, ha señalado: “No estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno de modificar el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual es abiertamente discriminatoria para nuestras fuentes de trabajo, para nuestras familias, para el futuro de nuestros hijos, además de que limita y cierra las únicas alternativas de que nuestras fuentes de labores tengan una operación futura”

Desmentidos ante la campaña salmonera

Frente a este escenario alarmista generado por sectores industriales, el ministro de Economía, Nicolás Grau desmintió que vaya a existir una afectación a la industria o el empleo,” ya que las disposiciones de este nuevo servicio no afectarán a las concesiones actuales de la empresa salmonera”, indicó el titular de la cartera a Radio Reloncavì.

“Los puestos de trabajo que actualmente existen se van a mantener, por lo tanto, esas visiones que existen y que se han manifestado, probablemente se basan, ya sea, en un desconocimiento por lo que ha planteado el ejecutivo liderado por el Ministerio del Medio Ambiente (…) este es un proyecto que va a permitir por un lado cuidar el medio ambiente y junto con ello, proteger los trabajos de las y los trabajadores que participan en esta industria. Creemos que es un proyecto equilibrado”, destacó el ministro al medio de la Patagonia Austral.  

En tanto, el diputado por el distrito 26 Jaime Sáez (RD) también apuntó a las diversas “falsedades” que se han difundido en torno a la ley SBAP. “El objetivo de esta legislación es crear institucionalidad pública, no es cautelar el interés industrial de un actor determinado, cuando se dice mañosamente en distintos medios de comunicación, que el SBAP amenaza prácticamente el 60 % de las fuentes de trabajo en la industria salmonera, eso derechamente es falsear la realidad, eso es mentirle a la ciudadanía y creo que es importante que demos esta discusión con argumentos de fondo”.

La diputada por Magallanes, Javiera Morales, en el marco de conflictos salmoneros previos en la Región de Magallanes, como Nova Austral, ha indicado: “El statu quo es lo que ya no es sostenible, en términos medioambientales y laborales. Te pongo el caso de Porvenir, en la región de Magallanes, y la empresa Nova Austral. La empresa pasó años incumpliendo, ambientalmente y tributariamente, y hoy, dada su mala situación financiera y por las justificadas sanciones ambientales que ha recibido, ha puesto en riesgo el trabajo de gran parte de los porvenireños, junto con aumentar la conflictividad social, por decisiones de un grupo de ejecutivos”, señaló la parlamentaria.

Voces desde los territorios  ante la manipulación sobre las fuentes laborales salmoneras

Los conflictos que está generando la industria salmonera no son nuevos. Previo a la sobrerreacción en el marco de la Ley SBAP, existió una fuerte operación vinculada a los intereses de una transnacional salmonera como Nova Austral, por quien, frente a una serie de delitos ambientales y tributarios, incluyendo severos daños ambientales en áreas protegidas, se viene promoviendo un “perdonazo”.

Tal cual como viene ocurriendo con Ley Sbap, sectores políticos – empresariales pusieron en el tapete público que, los procedimientos sancionatorios de los organismos públicos competentes ante irregularidades de la empresa Nova Austral en centros de producción, podría generar una masiva cesantía exigiéndose al ejecutivo que resuelva, sin embargo, los hechos sancionatorios recaen en tres centros de producción de unos 31 que tendría la empresa Nova Austral.

Los ilícitos e irregularidades de la empresa que se vienen acumulando por años, han conllevado a una serie de procesos en el Tribunal Ambiental, el Consejo de Defensa del Estado y la superintendencia del Medio Ambiente, agregándose sanciones millonarias y otras medidas administrativas que hoy restringen las operaciones en algunos de sus centros productivos.

 Leticia Caro, de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, ha señalado en el marco de este conflicto: “Lo que sucede con Nova Austral deja en claro que no han dejado de falsear información con respecto a los centros de cultivo y su operatividad, sin embargo, lo lastimoso es que echan a la suerte la necesidad de sus trabajadores creando incertidumbre y en el camino culpando a otros por las faltas reiteradas que ya se les son conocidas”.

Agrega: “Asimismo hemos visto como senadores y autoridades regionales han propiciado una suerte de salvataje, olvidando las múltiples infracciones, multas y  juicios que están en curso, entonces no queda claro si las leyes establecidas son para cumplirlas o simplemente como ha sido en el pasado para echarlas a la suerte del lobby político que bastante mal le ha hecho a los territorios en sacrificio”.

La dirigente de la Comunidad Kawésqar, advierte: “Nova Austral no es un caso aislado pues también tenemos la situación de Australis y la sobreproducción, dónde aún no se abre un proceso sancionatorio”.

 Por su parte, desde Porvenir, Alejandro Núñez de la Fundación Ciudadanos y Clima, desde Porvenir, comenta con respecto a la situación laboral que ha estado en la palestra, señalando: “Cuando vemos estas marchas, estos temas de protesta, lo que uno ve, es que se hacen caravanas con los mismos trabajadores, con sus familias, me imagino que también de alguna manera protegen su trabajo, pero lo que nos han enseñado el tema de las empresas que, cometen delitos ambientales, es que al comienzo hay una enemistad con el gobierno, que terminan culpando al presidente, sobre una culpa que es de la empresa (…) Los que tienen las responsabilidad, son los ejecutivos de las empresas, no el gobierno, no la comunidad, entonces, de alguna manera acá hay una responsabilidad que es de esta empresa”.

También señala: “vemos como los trabajadores que en un momento están en contra de las personas que queremos cuidar el ambiente, el territorio, después terminan juntos demandando a la empresa para poder recuperar parte de sus empleos, de sus fondos, de su trabajo”.

Ante recientes declaraciones del dirigente de Salmón Chile, Arturo Clement, quien ha insistido en medios sobre supuestas afectaciones de la ley Sbap a la industria salmonera y fuentes de trabajo, el movimiento Defendamos Chiloé, le señaló en una reciente publicaciòn: “ Díganle al amigo Clement de Salmòn Chile,  que se lea el proyecto de ley y el artículo 158. Ley Sbap no toca a las concesiones establecidas sino que impide que se otorguen nuevas . Por ello NO AFECTA la producción ni empleo , pues las “nuevas” y solicitudes NUNCA han operado , están en papel”.

Según reportes “Salmones de sangre del sur del mundo” elaborado por el Centro Ecocéanos, entre el 2013 y 2022 han muerto 72 trabajadores y trabajadoras en los centros de cultivo, plantas procesadoras, y actividades de transporte marítimo y terrestre vinculados a los monocultivos industriales de salmón. Sólo entre el 2021-2022, se registran la muerte de 15 trabajadores.

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) registró, entre enero y octubre del 2021, sólo para la región de Los Lagos, 889 accidentes laborales vinculados a la industria acuícola, como una pequeña muestra de las constantes vulneraciones de los derechos de trabajadores al interior de la industria salmonera.

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