¿Nulidad o derogación? Inician análisis técnico jurídico sobre corrupta ley de pesca

Durante el primer periodo del gobierno de Sebastián Piñera, se gestó una Ley de pesca también llamada Ley Longueira que tuvo los siguientes alcances: 

• Acciones de cohecho y corrupción parlamentaria;
• Dinámicas concretas y prácticas de acumulación en torno a la repartición de las cuotas pesqueras beneficiando a un selecto grupo de familias en el País;
• Impacto de los principios de zonificación pesquera;
• Fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre sectores pesqueros industriales y artesanales, entre otras características.
• Asimismo, la cuestionada ley, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos.
• Los siete principales grupos económicos acusados de beneficiarse con la denominada “Ley Longueira”, involucra a las familias Angelini (corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.

Corrupción, cohecho y fraude: El historial de la llamada “Ley Longueira”

¿Nulidad o derogación de Ley de Pesca? inician análisis técnico jurídico

Ver sesión Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento – 17 de Octubre 2022

Los integrantes de la Comisión de Constitución del senado escucharon al Ministro de Economía y al Subsecretario de Pesca sobre la iniciativa. Plantearon sus dudas respecto de la figura jurídica de la nulidad y plantearon que es distinta a la derogación.

Ver también Histórico: Comisión de Pesca del Senado aprobó proyecto que anula la corrupta Ley de Pesca

La Comisión de Constitución del Senado inició el análisis técnico jurídico respecto del proyecto que busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca, para lo cual escuchó la opinión del Ministro de Economía, Nicolás Grau y del Subsecretario de Pesca, Julio Salas, quienes explicaron el contexto en que se da trámite a esta iniciativa.

Cabe recordar que el proyecto, que cumple su segundo trámite constitucional, fue aprobado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y luego fue remitida a la Comisión de Constitución para que ésta se pronuncie sobre los aspectos técnico-jurídicos de la iniciativa y sobre su constitucionalidad.

Según explicó el secretario de Estado, la eventual aprobación de este proyecto es «consistente y coherente con la estrategia que está siguiendo el gobierno» y con el plan de trabajo que tiene como objetivo presentar una nueva ley de pesca entre abril y mayo del próximo año.

Agregó que desde septiembre se están desarrollando encuentros locales con el mundo de la pesca artesanal (han realizado cerca de 60 encuentros) y que la idea es tener conversaciones con el mundo académico, con la industria y los sindicatos de la industria, para luego proceder a elaborar el proyecto que se enviaría entre abril y mayo de 2023.

Por su parte, el Subsecretario señaló que la derogación y la nulidad no tienen efectos equivalentes y que en el caso de la primera figura jurídica podrían verse beneficiados los mismos que fueron sancionados por la justicia.

Figura jurídica

Si bien la Comisión no ha entregado formalmente su opinión técnico-jurídica sobre el proyecto, hubo coincidencia en sus integrantes respecto de que «la nulidad de una ley no existiría en términos jurídicos», que «sería la primera vez en aplicarse en Chile» y que, de acuerdo a la jurisprudencia, correspondería a una decisión de los tribunales respectivos, entre otras materias.

A juicio del senador Pedro Araya, «este es un proyecto más para la galería, porque no tiene efectos prácticos» y señaló que «en temas jurídicos, no existe la nulidad de la ley, lo que corresponde en este caso es la derogación. ¿Porqué el gobierno no opta por derogar la ley de pesca?…la nulidad no es neutra, produce efectos».

La senadora Luz Ebensperger anunció su voto en contra del proyecto argumentando que «jurídicamente no existe la nulidad de una ley…carecemos de facultad para decretar una nulidad y desde mi punto de vista esto es materia jurisdiccional y se requiere de un tribunal…no logro entender desde el punto de vista jurídico que se declara insanablemente nula y luego dejarla vigente dos años. Es una aberración jurídica».

A su turno, el senador Alfonso De Urresti recordó que votó en contra de la actual ley de pesca y que «me parece muy bien que el gobierno tenga la convicción y quiera derogar esta ley, pero hagamos bien las cosas. ¿Qué ocurre con la vacancia de dos años? Una ley se deroga con otra ley… Hay que ser riguroso y quiero conocer la opinión jurídica del gobierno».

En tanto, el senador Rodrigo Galilea señaló que esta es una moción parlamentaria y que «no veo por qué se embarcan en algo que es profundamente discutido. Termina siendo más lógico y eficiente seguir en el tema de presentar el proyecto de abril… les recomendaría no subirse a un barco que no es el del gobierno desde el punto de vista de técnica jurídica y ver una nueva ley»

Finalmente, el senador Matías Walker manifestó que la complejidad del tema radica «por lo inédito del instrumento, nunca antes se ha dictado la nulidad de una ley en nuestro ordenamiento jurídico y eso es complicado y siempre se nos ha señalado que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente…tiendo a pensar que lo más limpio desde el punto de vista jurídico, es que trabajemos todos por la derogación o modificación de la ley de pesca y hagamos las cosas bien».