La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó su exclusión como observadora por el tribunal que juzga al presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
«OACNUDH lamenta la decisión del Tribunal de Sentencia de no permitir la observación y acompañamiento presencial de la audiencia de la Causa Berta Cáceres. Esta decisión limita nuestro ejercicio efectivo de monitoreo y asistencia técnica a las instituciones nacionales», criticó la Oficina a través de Twitter.
El juicio contra Roberto David Castillo, exoficial de inteligencia militar que se desempeñaba como gerente general de la empresa DESA al momento del asesinato de la destacada lideresa del pueblo lenca, comenzó el martes con más de tres horas y media de retraso, tras 11 suspensiones.
La Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres dijo que el tribunal retardó el comienzo del juicio porque los responsables no habían presentado al acusado y recordó que «todas partes del sistema de justicia tienen responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus funciones para el buen desarrollo del proceso».
«La Oficina llama a respetar los derechos de familiares de Berta Cáceres y permitir su participación efectiva en el proceso (…) recuerda que los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos son también víctimas y debe garantizarse su derecho de acceso a la justicia», exhortó la OACNUDH por medio de Twitter.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció además que el tribunal le negó el ingreso a la sala judicial a Laura Zúniga, una de las hijas de Berta Cáceres.
El abogado in fieri (en proceso de graduación) Fabio Lara dijo que las denuncias contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca realizadas por Berta Cáceres tienen hoy a una familia poderosa (los Atala Zablach) en el «ojo del huracán».
«La absolución de los responsables de su asesinato pondrá a Honduras como país no apto para defender libremente los bienes comunes», adelantó el jurista en su perfil de Twitter.
Agregó que como la lideresa del pueblo lenca contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras debió extremar las medidas de protección hacia su persona ante las reiteradas denuncias que revelaban la persecución.
La condena a los asesinos es también contra el Estado, puntualizó Lara.
Cortesía de Sputnik
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