La plataforma de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Acción y La Morada, con la adhesión de nueve organizaciones de mujeres y/o que trabajan por los derechos sexuales de éstas, presentaron el viernes pasado la campaña “Tengo derecho a decidir”, que busca sensibilizar y apoyar la despenalización del aborto terapéutico.
La iniciativa, que forma parte de la campaña Ciudadanía Bicentenario, que llevó adelante Acción el año pasado y que buscó destacar los protagonismos sociales durante el siglo XX, se basa en la experiencia del movimiento de las mujeres y conjuga estas demandas con las agendas de la sociedad civil.
A través de las redes sociales, de radios y canales de televisión comunitarios, la campaña apela al espectador a ponerse en el lugar del otro, con cuatro testimonios representados por los actores Mario Horton, Amparo Noguera, Alejandro Goic y Claudia Celedón, que referirán la compleja experiencia que puede afrontar una madre o padre debido a la ausencia de una ley de aborto para casos acotados.
La campaña se centrará en tres situaciones que aparecen posibles de ser aprobadas o al menos discutidas en el Congreso: Inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la madre y violación.
Martín Pascual, presidente de Acción plantea que la campaña busca “sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado de atención para que el Parlamento y el Gobierno repongan el derecho conculcado por la dictadura, a las mujeres y familias chilenas”.
El aborto terapéutico estuvo vigente en el país desde el año 1931 hasta 1989, cuando fue derogado por el régimen de Pinochet, en directa connivencia con la jerarquía de la Iglesia Católica. De regreso a la democracia, ningún gobierno resolvió este grave problema, considerando que en nuestro país entre 120.000 y 160.000 mujeres de distintas edades y condición social se realizan abortos clandestinos anualmente.
Para los gestores de la campaña, la penalización total del aborto en Chile constituye un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, pues son las mujeres pobres quienes se ven gravemente afectadas por esta legislación punitiva, la que constituye una forma explícita de discriminación, contraviniendo diversos tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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