El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció que el feminicidio de la joven universitaria Keyla Patricia Martínez constituye un crimen de Estado por haber ocurrido en una celda de la Policía Nacional.
«El estado de Honduras es responsable de la muerte de Keyla Patricia Martínez, este es indudablemente un crimen de Estado, una ejecución extrajudicial y un feminicidio ejecutado por miembros de la policía ubicados en la Unidad Policial UDEP de la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá (oeste)», dice el pronunciamiento de la Copinh.
La mujer de 26 años de edad, que estudiaba la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue detenida por la policía hondureña a las 23:30 hora local del 6 de febrero (05:30 del 7 GMT).
Fue ingresada en una celda 10 minutos más tarde y encontrada moribunda en el interior de la mazmorra a las 03:30 del 7 de febrero (09:30 GMT), según la versión de sus captores.
«Personal del hospital departamental confirmó que Keyla llegó sin vida, contrario a lo que ha dicho la Policía Nacional en su comunicado público; el asesinato de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres, por haber sido robadas sus pertenecias y abusada sexualmente en el marco del toque de queda instaurado por el régimen de Juan Orlando Hernández», expresa el movimiento social.
El comunicado recuerda que a menos de un mes del quinto aniversario del asesinato de la líder ambientalista indígena Berta Cáceres se repite un feminicidio a manos del estado hondureño.
La Copinh exigió la realización de un examen forense exhaustivo que determine la forma en que murió la joven.
Además, reclamó identificación de miembros de policía UDEP de La Esperanza que participaron en captura, detención y encarcelamiento de Martínez.
Por su parte, la coordinadora residente de la Oficina de Naciones Unidas en Honduras, Alice H. Shackelford, posteó en su perfil de la red social Twitter que se encuentra «muy preocupada para la muerte de Keyla Martínez». Instó a las autoridades a «investigar con prontitud e independencia esta muerte como potencialmente ilícita».
Cortesía de Sputnik
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