Sala de la Cámara deberá votar la llamada “Ley Anti Tomas”
La iniciativa, en segundo trámite constitucional, que viene a normar las usurpaciones de terreno u ocupaciones, fue aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó a fines de julio de este año, el articulado del proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución (boletines refundidos 14015 y 13657), según versa el proyecto de ley, de esta forma, quedó despachada para ser vota en Sala, trascendiendo que este lunes 07 de agosto, podría ocurrir, según el alerta de organizaciones.
El texto establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Entre los principales objetivos del texto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, el texto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
De acuerdo a fuentes legislativas de prensa de la Cámara, la Comisión de Seguridad Ciudadana, aprobó a fines de julio, la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
La instancia también respaldó que los directores de Serviu puedan deducir acciones y querellas respecto de ocupaciones o hechos constitutivos de delito, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.
Además, estableció que no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble que se encontrase ocupando, y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
Crítica y rechazo desde organizaciones a la “ley Anti Tomas”
“Nos parece absolutamente insólito e inhumano que los políticos y el gobierno apoyen una ley que impone penas de cárcel, que asegura la legítima defensa privilegiada para los grandes dueños de tierra, mientras se persigue al pueblo mapuche en su justa lucha por la recuperación de su territorio o a los pobladores que ocupan terrenos por la necesidad de vivienda. Incluso a los estudiantes y trabajadores que realizan ocupaciones transitorias por sus justas demandas estudiantiles y laborales. En los hechos está Ley criminalizará la pobreza y la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo y no podemos permitirlo”, señalaban así 17 organizaciones en una declaración pública emitida en junio de este año.
4.- “Exigimos el reconocimiento por medio de la autoregularización inmediata de las más de 100.000 familias que viven en campamentos, entendidas como fuerza legítima en dar soluciones habitacionales de hecho, para pasar a ser soluciones de derecho. No a la criminalización de quienes tienen necesidad y urgencia de vivienda, como justificación a la validación de la represión”, señalaban las organizaciones y entre ellas, suscribían: Toma 17 de Mayo; Pueblo Organizado; Andha Chile; AGrupación Pikun Mapu; SINTRAC CND; Comité de Allegados «El Despertar de Octubre»; Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida; Vivienda Digna el frente popular; TejeR; Secretaria Latinoamericana de vivienda y Hábitat popular. Selvihp; Agrupación de comités de vivienda Unidos Santa Julia de Viña del Mar; Comité de Vivienda Toma Violeta Parra, Valparaiso, entre otras.
Se ha señalado asimismo, que se trata de una Ley «represiva que lo que busca es criminalizar las tomas de terreno, las ocupaciones y ofrecer cárcel a las personas que deciden luchar por su derecho a la vivienda por medio de la ocupación de terrenos, propiedades o tierras», comentaba así en mayo de este año a Radio JGM la abogada Matilde Alvear.
Rodrigo Ávila del Frente Popular Vivienda Digna, apunta a la criminalización y problematiza la cifra del Plan de Emergencia Habitacional, destacando en dicho reportaje de Juan Gómez Millas, que: «De esos cuatro años ya ha pasado uno y tienen que construir 260 mil vivienda en tres años. No existen los terrenos, los empresarios no los sueltan, los pobladores, como un método efectivo de negociación ejercen la toma como un derecho para poder tener una vida digna. Dignidad en los campamentos. Si se aprueba la Ley Anti Tomas ya no tendrá que construir 260 mil viviendas. Sino que tendrá que construir 600 mil cárceles para todas las familias chilenas que hoy en día están luchando por la vivienda digna», cuestionó ante un silencio atento del público.
“Este proyecto tiene aspectos que en su mayoría vienen a afectar a la clase más vulnerable de nuestro país, miles de familias y personas que han sido marginadas y excluidas del goce de sus derechos humanos esenciales, en este caso del derecho a una vivienda digna. Frente a la indiferencia y desconexión que existe de la clase privilegiada por el sistema capitalista imperante”.
Este lunes 07 de agosto y en el marco de la posibilidad de que se vote en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, diversas organizaciones de todo el país, han convocado a manifestarse en rechazo a esta iniciativa legislativa a la que han denominado “ley maldita”.
En Temuco, una comitiva de Pobladores junto a organizaciones sociales de Temuco, concurrirán a la Gobernación Regional a las 11 horas, donde realizarán un mitting y punto de prensa para “rechazar la ley anti tomas que afectará la justa demanda social por el derecho humano a la vivienda, agua, alcantarillado, suelo, como derechos humanos de las y los pobladores del país y la región”, indicaron.
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