Ante anuncios de Chile en la ONU, organizaciones denuncian la presencia de salmoneras en áreas protegidas y sus impactos sociales y ambientales
Durante el reciente evento “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional”, organizado por Chile en la ONU, se destacó la necesidad de proteger los océanos: “Chile organizó el evento “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional», para impulsar la ratificación del Acuerdo #BBNJ sobre protección de los océanos y promover la postulación de Valparaíso como sede del tratado”, se señaló desde una comunicación oficial de la presidencia.
«Hoy es tremendamente angustiante ver cómo más allá de lo que alcanza nuestra vista, estamos destruyendo lo que no alcanzamos a ver, el mar, más allá de las fronteras jurisdiccionales. Esas islas gigantes de plástico recorriendo los océanos que se pueden ver (…) es realmente un llamado a la acción», aseguró el presidente Gabriel Boric alinicio de su intervención en la sede de la ONU en Nueva York.
Ver intervención en evento: “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional”
El evento, fue organizado por Chile en Naciones Unidas el 24 de septiembre y, segú la presidencia: “busca preparar el terreno para la oportuna entrada en vigor del Acuerdo, así como también explorar el papel que el sector privado y otros agentes no estatales pueden y deben desempeñar en la aplicación de muchas de sus disposiciones”.
Reacción desde organizaciones: “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”
Sin embargo, organizaciones de la Patagonia critican la falta de acción para remover la industria salmonera de áreas protegidas. “No hay conservación del océano con cultivo industrial de salmones en parques y reservas nacionales”, señaló la campaña ciudadana “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”.
Agregó: “Lo que “se olvidaron” tratar presidente Gabriel Boric, es la salida de los industriales salmoneros de las áreas protegidas de la Patagonia”
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Mientras el presidente Gabriel Boric, en su intervención en la ONU, hizo un llamado a la acción: “Es un deber proteger los océanos más allá de las fronteras jurisdiccionales… para nuestra propia preservación y seguridad alimentaria”. Sin embargo, las críticas apuntan a una contradicción entre el discurso internacional y la realidad nacional. Las organizaciones recuerdan que Boric prometió en 2022 que “las industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”, pero dos años después, no hay avances significativos, han denunciado.
Desde hace un tiempo, la organización Defendamos Chiloé viene advirtiendo los peligros de permitir actividades industriales en áreas protegidas: “Es un acto de inconsciencia enorme… El presidente lo sabe, por eso le pedimos que es momento de elaborar un plan de salida de todas las industrias, incluidas las salmoneras”. A pesar de las promesas, las comunidades locales ven con preocupación que el gobierno ha permitido la reubicación de concesiones salmoneras en áreas protegidas sin avances en los estudios necesarios sobre el impacto ambiental.
Un informe del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral reveló que hasta 2021, había 545 concesiones acuícolas en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de las cuales 411 estaban activas. Las reservas de Las Guaitecas y Kawésqar fueron las más afectadas, con el 45% y 68% de concesiones en Aysén y Magallanes, respectivamente. “La potencial contribución de estas áreas a la conservación marina está siendo amenazada”, advirtió Aldo Farias, autor del informe.
A pesar de la aprobación de la Ley SBAP en 2023, la industria salmonera se opone a la regulación de sus concesiones, lo que ha generado incertidumbre en las comunidades y científicos. Los impactos ambientales incluyen la contaminación del suelo marino, la eutroficación y los escapes de salmones, afectando gravemente la biodiversidad marina. “Mejorar este escenario requiere una adecuada aplicación de la normativa actual”, destaca el informe.
Las comunidades patagónicas exigen que el gobierno cumpla con su promesa de sacar a las salmoneras de las áreas protegidas y aseguran que la presencia de estas industrias es incompatible con los objetivos de conservación de estos ecosistemas únicos.
Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.