Organizaciones manifiestan su rechazo a decreto presidencial que favorece a proyecto hidroeléctrico Rucalhue en río Biobío

Conflicto Central Rucalhue: organizaciones rechazan decreto presidencial

De acuerdo a lo señalado por el movimiento Ríos Libres del Biobío a través de un comunicado público hecho llegar, este  7 de septiembre de 2023, se publicó el decreto exento 175-18 Agosto 2023, que “otorga una extensión para la construcción eléctrica, que permite continuar con el proceso de construcción de Central Hidroeléctrica Rucalhue, propiedad de Rucalhue SPA”, indicaron.

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Las organizaciones, estiman que este decreto presidencial, “no considera la serie de gestiones que se habían realizado por parte de organizaciones medioambientales y movimientos autoconvocados, como también de municipios para solicitar la no construcción de la Central Rucalhue en el río Biobío”.

Agregan: “Estas gestiones incluían la caducidad de la concesión eléctrica, el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, la tala indiscriminada del Guindo Santo, árbol catalogado como en alto rango de extinción. La Corporación Nacional Forestal (CONAF, el Ministerio de Medio Ambiente, los municipios Santa Bárbara y Quilaco señalaron que el proyecto NO es de interés nacional, producto de la tala ilegal de bosque nativo realizado por la empresa Rucalhue Energía SPA”.

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Ríos Libres también afirma: “La comunidad de Quilaco, en una consulta ciudadana realizada en septiembre de 2022 votó con más del 98% en contra de la realización proyecto en el territorio debido a su alto impacto ambiental, social, económico y cultural, como también por el histórico daño que ha sufrido el río Biobío y sus comunidades aledañas. Con este otorgamiento el Ministerio de Energía omite todas las situaciones y conflictos en temas administrativos y judiciales donde la empresa no sólo no cumple los plazos ni las normativas vigentes, sino también no se acoge al Tratado de Escazú firmado por el presidente Gabriel Boric en septiembre del año 2022, el cual el Estado chileno debe garantizar la protección y la seguridad de los defensores ambientales”.

También señalan: “Por el contrario, tanto la Empresa Rucalhue Energía SPA y el Estado han judicializado a doce jóvenes defensores de la causa y criminalizado como delincuentes. Como movimientos socioambientales, emplazamos el urgente pronunciamiento de los alcaldes Pablo Urrutia de la Municipalidad de Quilaco, y Daniel Salamanca, de la Municipalidad de Santa Bárbara, junto con todas las autoridades que han manifestado este proyecto como de no interés nacional, a sumarse al llamado urgente a la redacción de un Recurso de Reposición”.

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