La organización australiana Blueprint for Free Speech se ha unido a la campaña internacional a favor de un perdón presidencial para Julian Assange, quien ganó la semana pasada el primer pulso judicial contra la petición de extradición de Estados Unidos.
La ONG recabará la intervención de ambos bandos de la política estadounidense, tanto del presidente saliente, Donald Trump, como del demócrata Joe Biden, que tomará posesión del cargo el 20 de enero.
«El dictamen de la semana pasada fue un alivio para los que nos oponemos al procesamiento de Julian Assange, pero no solucionó el problema,», declaró Mark David, miembro de la junta de la entidad protectora de la libertad de expresión.
El representante de Blueprint for Free Speech advirtió de que la «amenaza existencial contra el periodismo sobre seguridad nacional y de investigación» seguirá latente hasta que la Fiscalía de EEUU anule el acta de acusación contra el fundador de WikiLeaks.
Washington reclama a Londres la entrega de Assange para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje de 1917.
Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 «cables sin editar» del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.
Además, el ex director del portal electrónico que transformó la forma de hacer periodismo está acusado de «alentar y ayudar» a la exanalista militar Chelsea Manning a romper un código informático y «obtener ilegalmente» documentos clasificados de la «defensa nacional»
«Perdonar a Assange es la acción correcta tanto para su bienestar, como para los derechos internacionales de libertad de expresión», justificó David.
La Corte de Magistrados de Westminster frenó la extradición por motivos de salud y el riesgo de suicidio en una prisión estadounidense, pero denegó la libertad condicional y ordenó el retorno de Assange al penal londinense de máxima seguridad de Belmarsh, donde está preso desde abril de 2019.
La magistrada Vanessa Baraitser, que presidió el caso en primera instancia, descartó los argumentos de la defensa centrados en la naturaleza política del procedimiento, el ataque a la libertad de información y violación de otros derechos humanos.
El proceso está ahora pendiente del recurso de apelación, que EEUU ha de interponer formalmente ante el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales.
«Para Assange, solo significa que la amenaza se ha aplazado hasta que abandone el Reino Unido… (porque,) sin un acuerdo político, EEUU podría emitir una nueva solicitud de extradición al próximo país donde fije su residencia», explicó el representante de Blueprint for Free Speech.
La abogada australiana Jennifer Robinson, que representa a su compatriota desde hace más de una década, urgió a solucionar el proceso.
«Es un caso legal de vital importancia internacional para la libertad de prensa y la libertad de expresión y el fallo del juzgado británico sobre el estado de salud de Julian demuestra lo importante que es alcanzar una resolución rápidamente», defendió la letrada.
La campaña pública por el perdón presidencial se está propagando con fuerza en las redes sociales desde finales del 2020.
Fuente: Sputnik
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