Organizaciones socio ambientales de todo Chile se manifiestan en contra de la propuesta constitucional: “Reprivatiza el agua y los derechos sociales”

MAT se pronuncia en contra de la propuesta constitucional

El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), conformado por organizaciones socioambientales de todo el país rechaza enérgicamente la propuesta del Consejo Constitucional para el plebiscito del 17 de diciembre. Consideran que este proceso carece de legitimidad, ya que no se ha permitido la participación de los pueblos y las comunidades.

Uno de los puntos críticos en la propuesta es la continuidad de considerar el agua como una mercancía, lo que beneficia a los más ricos y perpetúa el saqueo del recurso hídrico. Asimismo, la propuesta prioriza el desarrollo económico sobre el Derecho Humano Constitucional a un Medio Ambiente Sano, lo que aumenta el riesgo de zonas de sacrificio y beneficia a empresarios nacionales y transnacionales.

La propuesta republicana también es acusada de negar la crisis climática, ignorar los derechos de la naturaleza, marginar a las comunidades indígenas y migrantes, limitar los derechos de las mujeres, y debilitar los derechos de los trabajadores. Además, perpetúa modelos privados en áreas como pensiones y salud, y reduce los ingresos municipales, beneficiando a los sectores de mayores ingresos. El texto también mantiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de poderes económicos.

En resumen, MAT enfatiza que la propuesta no refleja el mandato popular de cambiar la Constitución de 1980, y llama a rechazarla en el plebiscito, abogando por un proceso constitucional genuino que garantice derechos sociales y ambientales y dé voz a las comunidades en la toma de decisiones.

Para más información, ver a continuación, de forma íntegra, el comunicado público:

Comunicado público Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)

Como Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), integrado por organizaciones socioambientales de todo el país, nos posicionamos EN CONTRA de la Propuesta del Consejo Constitucional en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Los pueblos y las comunidades no hemos tenido injerencia alguna en este proceso, que consideramos ilegítimo desde su origen.

Uno de los artículos más nefastos de la propuesta de los consejeros del Partido Republicano es el que mantiene el agua como una mercancía, tal como la actual Constitución de 1980. Reitera a nivel constitucional la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua en manos de los más ricos, que son los responsables del actual saqueo del agua.

El Derecho Humano Constitucional a un Medio Ambiente Sano, figura en este texto por debajo del objetivo de desarrollo económico, un agregado a la constitución del 80 para legitimar la existencia de más zonas de sacrificio, asegurando ganancias sin límites a empresarios nacionales y transnacionales. Están muy claras las razones por las cuales el empresariado no duda en apoyar este texto. 

Negacionismo a nivel constitucional

Esta propuesta de constitución niega la crisis climática y ecológica, así como los derechos de la Naturaleza, los derechos de las comunidades indígenas y migrantes. En lugar de abordar estos desafíos, amenaza con traer más calamidades y endeudamiento a la mayoría de las familias de nuestro país. Además, mantiene el agua privatizada en manos de los poderosos y consolida constitucionalmente la mercantilización de los derechos sociales. Retrocede en los derechos de mujeres y disidencias, así como en el respeto de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores.

La propuesta constitucional republicana tampoco reconoce la protección y administración ecológica de los Bienes Comunes, los derechos de los animales, la planificación para el uso ecológico de los territorios y la soberanía alimentaria. Estas son cuestiones necesarias para asegurar la supervivencia de todas las vidas, tanto humanas como no humanas, y de las futuras generaciones.

Constitución anti- mujeres, niñeces y disidencias

Esta constitución limita la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos, por la ambigua redacción del texto constitucional que posibilitaría la criminalización de mujeres y disidencias si solicitan la píldora del día después o requieren un aborto tras una violación. Ello afectaría además a las niñas menores de edad, quienes constituyen un tercio de las pacientes que eligen libremente abortar desde la vigencia de esa Ley. Pondría marcha atrás a la paridad en diversos ámbitos y al reconocimiento de las labores de cuidado, que realizan mayoritariamente las mujeres a niños, ancianos y enfermos a nivel familiar. Las diversidades sexo-genéricas seguirán sin derechos. También habría un retroceso en los derechos de las niñeces porque ya no se podrían pagar las pensiones de alimentos morosas con los fondos de pensiones.

Secuestro de Derechos sociales

En materia laboral, el texto limita gravemente el derecho a huelga y traspasa al Estado la obligación del empleador de implementar salas cunas, beneficiando al poder empresarial.

Los republicanos incorporaron a su constitución los modelos privados actuales de pensiones (AFP) y salud (ISAPRES) que siempre han apoyado, para eternizarlos. El Estado no podría generar con las cotizaciones de afiliados un fondo común solidario para mejorar las pensiones de personas con lagunas previsionales o la salud pública de personas con bajos ingresos y de tercera edad. Los fondos serán de propiedad de los cotizantes.

Menos ingresos a los municipios y más mentiras

Las comunas más pobres tendrán un presupuesto más bajo, ya que dejarían de recibir el pago de impuesto a la primera vivienda. Un 77% de todas las viviendas están exentas de pago: este “beneficio” es para el sector de mayores ingresos.

El texto de los republicanos mantiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de los dueños del poder económico, violentando el derecho humano a la comunicación.

Derechos Humanos e impunidad

Los pueblos originarios continuarán siendo ignorados y criminalizados, y los migrantes estarían sujetos a expulsiones arbitrarias avaladas por la constitución.

El texto haría posible sacar de Punta Peuco a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, y a abusadores sexuales. Promueve la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, devolviendo a éstas la competencia para juzgar a civiles por delitos comunes como hicieron durante la dictadura y aún después. 

Pendiente un proceso constitucional verdadero

Hay una sola manera de garantizar que haya agua para el consumo humano y los ecosistemas, y que contemos con una gestión ecológica de las cuencas: un artículo declarando el agua como un bien común inapropiable. Es obvio que ese artículo y los derechos sociales están ausentes y ajenos al espíritu de la constitución del Partido Republicano, producto del trabajo del Consejo y los órganos vinculados a los partidos políticos sostenedores del sistema actual.

Rechazar esta propuesta también es rechazar la constitución del 80 y dejar sentado desde ya que mientras no avancemos claramente en el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales, la discusión constitucional en nuestro país seguirá pendiente.  Son los pueblos y comunidades soberanas de cada territorio de nuestro país quienes deben definir el camino a seguir para encarar ese desafío.  En este proceso, desde la soberanía de cada territorio ya se están desplegando valiosas iniciativas y alianzas para detener este mamarracho constitucional.

Por todo lo anterior, esta nueva propuesta constitucional, no responde al mandato popular del plebiscito de 2020 que votó por cambiar la Constitución pinochetista de 1980. Esto es “todo lo contrario” de lo aprobado entonces, y por eso votaremos EN CONTRA.

#EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN DEL EMPRESARIADO!

Seguir leyendo más…

Fundación Iguales llama a votar «En Contra» de la propuesta constitucional: «Da espacio a la discriminación arbitraria»

Publican “Alerta Ciudadana”: Los 27 peligros de la propuesta constitucional

Comisión Chilena de DDHH acusa que propuesta constitucional “es un grave retroceso civilizatorio”