El Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó que ambos exuniformados ocultaron un video que exculpaba a Martín Sanhueza, de 19 años, acusado por la institución policial de haber lanzado una piedra al sargento segundo Nelson Carreño en noviembre de 2019.
El 13 de abril de 2020 se cerró la investigación en contra de Pablo Capetillo y Juan Francisco Fuentes Fuentealba, ambos Carabineros ahora en retiro, imputados por el delito de obstrucción a una investigación penal contra un manifestante acusado de maltrato de obra a Carabineros.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó que ambos ahora exuniformados ocultaron un video que exculpaba a Martín Sanhueza, de 19 años, acusado por la institución policial de haber lanzado una piedra un sargento que terminó lesionado durante una manifestación en noviembre de 2019.
Sanhueza pasó tres días en prisión preventiva hasta que la Fiscalía solicitó la anulación de la medida cautelar, luego de que la Defensoría Penal Pública le informara sobre la existencia del video en cuestión. La prisión preventiva había sido ordenada en base a siete testimonios idénticos de Carabineros.
La acción legal contra los exfuncionarios fue llevada a cabo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se querelló en febrero del 2020 contra ocho funcionarios de Carabineros por falsificación ideológica de documento público y obstrucción a la investigación. Anteriormente, el funcionario de Labocar Jordan Escobar había declarado que sus superiores le habían ordenado no incluir el video exculpatorio en los peritajes.
La resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique pasó a engrosar la lista de casos de irregularidades con respecto a la presentación de evidencias de parte de Carabineros. Durante el 2020, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se destacó la preocupación por este tipo de prácticas dentro de la institución policial, esa ocasión respecto al caso de Gustavo Gatica.
Así fue el caso de Patricio Araya (26), quien fue imputado acusado por Carabineros de haber agredido a un oficial durante una manifestación en el marco del estallido social en La Serena, en diciembre de 2019. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena sobreseyó finalmente al joven tras determinar -gracias a registros audiovisuales del momento- que la acusación por parte de Carabineros era falsa.
Dentro de la misma línea, Sebastián Zamora, el carabinero imputado en el caso del menor de edad lanzado por el Puente Pío Nono, fue expulsado de la institución por omitir que contaba con una cámara personal no autorizada. El homicidio de Camilo Catrillanca también fue blanco de críticas por el grave ocultamiento de información.
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