La reciente agresión policial con balas de goma a varios menores de edad durante el desalojo de una norteña comunidad indígena de Panamá es investigada por la Defensoría del Pueblo, tras las denuncias que circularon en redes sociales.
«La Defensoría del Pueblo anunció este lunes [1º de noviembre] la creación de una comisión especial (…) para dar seguimiento y asistencia con las autoridades a las tres personas que resultaron heridas, así como a los niños, niñas y adolescentes durante el enfrentamiento en Barro Blanco, al igual que a las familias que han quedado a la intemperie», informó la institución en un comunicado.
Desde el 29 de octubre varias familias de la comarca Ngäbe Buglé quedaron a la intemperie y con heridas luego de ser desalojados violentamente por la Policía Nacional de una propiedad privada en la norteña provincia de Chiriquí.
La comisión estará liderada por la dirección de Protección de Derechos Humanos junto a representantes de su filial en Chiriquí, y sigue a una visita iniciada el 30 de octubre al centro médico donde fueron atendidas las víctimas de los choques.
El Congreso General de la comarca originaria Guna Yala rechazó el mencionado desalojo y lo calificó como un acto de «barbarie» y «negación» de los derechos humanos a las comunidades indígenas
En un comunicado previo, la Defensoría llamó a los padres de los menores de edad afectados a que eviten exponer a sus hijos en estas acciones de fuerza, y reconoció el deber de las fuerzas del orden de hacer respetar la ley, pero sin una violencia excesiva e injustificada.
«No se puede, bajo ningún criterio, aceptar la utilización de exceso de fuerza, así como de artefactos caseros que pongan en peligro no solo de agentes del orden y de la propia comunidad incluyendo niños, niñas y adolescentes», advirtió la institución.
Según los reportes preliminares, varios miembros de la Policía Nacional también resultaron lesionados en los enfrentamientos con las familias desalojadas.
Cortesía de Sputnik
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