La Contraloría General ordenó la destitución de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez, tras finalizar las investigaciones realizadas por un caso de eventual fraude al fisco, conocido como “Papaya Gate”.
La intendencia de la región había realizado un contrato de una compra de terreno en una notaría de La Serena sin que pasara por la «toma de razón» de Contraloría General de la República, quienes ya habían rechazado cuatro veces este proceso de compra iniciado por el Gobierno Regional.
Esta «toma de razón» es una operación ineludible que forma parte del proceso, por lo que Contraloría remitió el caso a la Fiscalía, argumentando irregularidades.
Por tal motivo, la institución investigaba un fraude al fisco por la compra de un terreno por $9.800 millones, en circunstancias en que su tasación superaba escasamente los $4 mil millones.
Contra la intendenta – quien renunció el año pasado – se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la perseguidora regional de Valparaíso para que indagara el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella.
Tras finalizar la investigación, la Contraloría propuso la destitución de Pinto “por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa”, refiere Bío Bío.
La medida, también aplica al exsecretaria de Planificación de la Municipalidad de La Serena, José Cáceres, y al exdirector jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo, Eduardo Espinoza.
Ahora, solo falta la ratificación de la sentencia por parte del presidente Gabriel Boric, para que la exintendente no cumpla con las labores en el Gobierno por cinco años.
Otros funcionarios de Coquimbo sancionados
De igual forma, se dio a conocer las medidas sancionadoras contra otros funcionarios de Coquimbo.
Rocío Ramírez, se propone castigar con una multa del 20% de su remuneración.
Así también se incluye a Eduardo Becerra Fuentes, con una multa por el 15%, y Lorena Araya Troncoso, con un 10%.
La Contraloría, además, propuso sanciones a Tatiana Rentería Luco y Marinka Norero Duarte, consistentes en la suspensión del empleo por 30 días, con goce del 50% de las remuneraciones, refiere Bío Bío.
En el caso de Sergio Rojas, se sugiere la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses, con goce del 50% de las remuneraciones.
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