«Papaya Gate»: Solicitan formalizar a ex intendenta UDI de Coquimbo por fraude al Fisco

«Papaya Gate»: Pide formalizar a exintendenta y empresarios por fraude al fisco en millonaria compra de terrenos

La Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de Claudia Perivancich, solicitó formalizar la investigación por fraude al fisco en el emblemático caso «Papaya Gate», imputando a la exintendenta de Coquimbo Lucía Pinto, al exadministrador regional José Cáceres y a empresarios vinculados a la venta de terrenos con sobreprecio, según informó este viernes Diario El Día. Los hechos, que remontan a 2020, involucran la compra de predios en La Serena por $9.800 millones, rechazada en su momento por la Contraloría.

En un documento exclusivo al que accedió El Día, la fiscal Perivancich acusó a Pinto como «presunta autora del delito de fraude al fisco consumado», tipificado en el artículo 239 del Código Penal, por actos entre diciembre de 2018 y agosto de 2020. Cáceres, en tanto, enfrentará cargos por su rol en la misma operación, mientras que el exgerente de las inmobiliarias vendedoras, Pablo Bracchitta, será formalizado como autor del delito.

La fiscalía también incluyó en la solicitud a Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, imputados por delito tributario por acciones en abril de 2021. Según El Día, Perivancich pidió «fijar una audiencia de formalización» contra todos los involucrados, marcando un hito en la pesquisa iniciada tras el destape del caso en septiembre de 2020 por Radio Bío Bío.

El escándalo estalló cuando se reveló que el Gobierno Regional de Coquimbo, bajo el mandato de Pinto, adquirió terrenos a inmobiliarias del Grupo CPS con un evidente sobrevalor, pese a las advertencias de Contraloría. La investigación sumaria y la posterior designación de Perivancich por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott derivaron en hallazgos que El Día ha documentado en exclusiva, exponiendo el modus operandi de los implicados.

En agosto de 2024, los abogados de los empresarios defendieron su postura en El Día, tildando el caso de «polémica artificial con móviles políticos». Sin embargo, la fiscalía mantiene que hubo perjuicio al fisco, respaldada por informes que detallan irregularidades en la transacción. El caso incluso motivó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, reflejando su impacto nacional.

A casi cinco años del destape, la audiencia de formalización será clave para determinar responsabilidades penales.