El gobierno del empresario Piñera es considerado uno de los periodos de mayor crisis y crueldad con respecto a los derechos humanos en la historia republicana democrática.
En la denominada revuelta social o estallido social, que comenzó en octubre de 2019 hasta el confinamiento por la pandemia, se cometieron miles de violaciones.
La votación de hoy en el plebiscito de salida por una nueva Constitución, marca el desenlace de en un proceso que comenzó hace tres años con el estallido social contra el régimen político y económico dominante.
En Chile aún sigue vigente la sombra de la dictadura militar, incrustado en diferentes capas del aparato público estatal, lejos del cumplimiento de las obligaciones de los principios, valores y normas en derechos humanos.
Desde las cimientos de los diversos movimientos sociales en Chile, se han levantado procesos buscando poner fin la sombra de la dictadura militar, con un cambio al régimen político así como la regulación del abusivo campo de acción de ciertos grupos de poder, con un freno efectivo a las redes de corrupción político económico que han saqueado y depredado a los territorios y derechos de los Pueblos, potenciado en diversos acuerdos comerciales internacionales a favor del lucro insaciable de una oligarquía que ha sido capaz de impulsar crímenes y conspiraciones, hasta estos días.
Para no olvidar: Las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Piñera al estallido social
Además de los casos sobre asesinatos (Camilo Catrillanca por ejemplo) y continuas represiones a comunidades, el informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares.
De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.
Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indicó 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.
Importante señalar que la mayoría de las personas que fueron violadas en sus derechos humanos, se realizaron en el marco de protestas y manifestaciones contra diversas injusticias sociales que aquejan al país, incluyendo aquellos temas relacionados a las redes de corrupción, despojos, saqueos e instrumentalización del aparato público para fines de lucro empresarial y transnacional.
La votación de hoy en el plebiscito de salida por una nueva Constitución, marca el desenlace de en un proceso que comenzó hace tres años con el estallido social contra el régimen político y económico dominante.
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