En el transcurso de esta mañana, se produjo la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Ley Miscelánea de Educación 2022, la cual fue aprobada en general y pasó al Senado.
La iniciativa involucra la postergación de la entrada en funciones de seis Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y toda la normativa en torno al pago de deudas previsionales y aceleración del Bono de Retiro.
Sin embargo, la sala rechazó específicamente la Suspensión de la Evaluación Docente pues faltaron dos votos para su aprobación.
La carrera profesional docente (regulada por la Ley 20.903), cuyo carácter voluntario está condicionado por los incentivos a los bajos sueldos, y la Evaluación Docente (nacida de la Ley 19.961) obligatoria para todo el profesorado de establecimientos municipales y de los Servicios Locales de Educación, implementada hace 18 años. Ambos instrumentos –enmarcados en la estandarización y la competencia entre pares– han significado en la práctica un factor de agobio laboral para las y los profesores, quienes se ven distraídos de su objetivo principal: la formación de estudiantes.
La docencia debe enfrentarse a problemas de infraestructura en numerosos establecimientos, de violencia, los efectos de la pandemia, con una constante situación de estrés y agobio, sometiéndose además a una doble evaluación, por ello se ha requerido la suspensión y voluntariedad del proceso, mientras se van perfeccionando otros mecanismos.
Hoy, parlamentarios del Rechazo, en masa, impidieron la suspensión de la Evaluación Docente. El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz Marchant, señaló: “La votación sobre la suspensión de la Evaluación Docente, no consiguió el quorum que se necesitaban. Se necesitaban 72 votos, pero sólo hubo 70, faltaron 2 votos para que se aprobara y hubo abstenciones, que no dieron el quorum que se requería (…) Los diputados del rechazo también rechazaron la suspensión de la evaluación Docente y creo que esto es bueno tenerlo presente cuando se habla y se escucha planteamientos de defensa de la educación pública, defensa del profesorado, pero en la práctica cuando hay leyes como esta, que benefician a las y los profesores, lamentablemente estos diputados nos dan la espalda”.
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Proyecto de ley “miscelánea”
Por una amplia mayoría, la Sala respaldó el proyecto de ley “miscelánea” (boletín 15153). La norma busca dar respuesta a diversas necesidades urgentes del sistema educativo.
En primer lugar, permite la extensión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que entraron en funcionamiento este año. El proyecto amplía hasta el 1 de enero de 2024 el plazo para completar el traspaso de los establecimientos, para mejorar los procesos.
También, busca perfeccionar el pago de deudas previsionales de docentes. La iniciativa le entrega al Ministerio de Educación (Mineduc) facultades para regularizarlas. Establece que la cartera podrá utilizar los recursos de subvención retenidos en el pago de dichas deudas. Estos se harán en coordinación con los sostenedores, para que el proceso sea expedito y evite dobles pagos.
El proyecto, asimismo, se hace cargo de agilizar el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación. La iniciativa permite realizar más de un acto administrativo por sostenedor y no grupos de trabajadores asociados a un sostenedor, como se hace actualmente.
De esta manera, se podrá habilitar el pago para quienes sí tienen su documentación en orden. Así, este año se regularizarán los pagos pendientes de 2018 y se dará inicio al pago de los de 2019 y 2020.
Finalmente, la propuesta establecía la posibilidad de suspender la Evaluación Docente y los procesos evaluativos de la Carrera Docente para los años 2022 y 2023. Tras una votación separada de esta norma, la Sala rechazó esta posibilidad por 70 votos a favor, 63 en contra y 8 abstenciones.
La propuesta permitía la rendición voluntaria para quienes les corresponda evaluarse estos años. Además, la extendía para quienes suspendieron su rendición durante los años 2020, 2021 y 2022. La norma señalaba que no se le aplicarían sanciones o rebajas en las asignaciones de las y los docentes que suspendieran su evaluación.
La norma, que se encuentra con urgencia calificada de “suma” (quince días para el trámite), seguirá su tramitación en el Senado.