Participación ciudadana nueva ley acuícola: Organizaciones exigen regulación eficaz para salmonicultura y prohibición en áreas protegidas

Ley General de Acuicultura: ciudadanía en proceso de participación ciudadana  demanda justicia y mayor  protección ambiental

En el marco del proceso participativo impulsado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para la elaboración de una nueva Ley General de Acuicultura, se han desarrollado talleres presenciales y remotos que buscan recoger propuestas basadas en ocho pilares fundamentales: acceso, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental, sanidad y bienestar animal, investigación, fiscalización, comercialización y gobernanza.

Esta iniciativa estará abierta hasta el 4 de enero de 2025, permitiendo que las organizaciones ingresen sus aportes mediante formularios o documentos detallados en la plataforma oficial.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado desafíos importantes, incluyendo intentos de sectores vinculados a la industria salmonera por desviar el enfoque hacia otros temas, como modificaciones a la Ley Lafkenche y los planes de manejo en áreas protegidas, buscando condicionar los avances de este proyecto para una nueva ley acuícola.

Entre las propuestas ingresadas en este último tiempo, se encuentran las de Defendamos Chiloé, organización que ha subido la apuesta al plantear cambios profundos. Sus aportes, articulados bajo los ocho pilares propuestos, se enfocan en una visión crítica de la acuicultura que busca excluir a las especies exóticas de áreas protegidas y exije estrictas sanciones a quienes incumplan normas ambientales.

Cabe resaltar que los 8 pilares propuestos por Subpesca para el proceso de participación ciudadana, son: (1) Acceso; (2) Ordenamiento Territorial Acuícola; (3) Ambiental; (4) Sanidad y Bienestar Animal; (5) Investigación para la toma de decisiones; (6) Fiscalización y Sanción; (7) Cadenas Productivas y Comercialización; y (8) Gobernanza.

Propuestas de Defendamos Chiloé

En el ámbito del acceso, Defendamos Chiloé exige que cualquier actividad acuícola de especies exóticas se realice en ambientes controlados, como pisciculturas terrestres, y que se niegue la renovación de concesiones a quienes hayan cometido delitos ambientales. “El mar es un bien público; no puede hipotecarse para fines privados”, declararon, solicitando además eliminar el artículo 81 bis de la legislación vigente.

En cuanto al ordenamiento territorial acuícola, la organización insiste en la prohibición absoluta de actividades de especies exóticas en áreas protegidas y ecosistemas vulnerables al cambio climático, proponiendo además un plan nacional de ordenamiento maritorial que priorice criterios de capacidad de carga y sensibilidad ecológica.

El pilar ambiental concentra demandas como la elaboración de estudios independientes de capacidad de carga para concesiones acuícolas y la implementación de planes de recuperación ambiental en áreas degradadas. Defendamos Chiloé incluso propone penas de cárcel para propietarios y ejecutivos que causen graves daños ambientales.

Bienestar animal y transparencia

Otro tema clave es la sanidad y bienestar animal. El movimiento enfatiza la necesidad de fijar límites de densidad en los cultivos para prevenir enfermedades, prohibir el uso preventivo de antibióticos y garantizar información accesible sobre las operaciones de cultivo.

En el ámbito de investigación, solicitan la creación de un fondo nacional para promover la acuicultura de pequeña escala con especies nativas y prohibir el uso de fondos públicos en investigaciones realizadas por consultores vinculados a la industria privada.

Sanciones y comercialización

Defendamos Chiloé va más allá al proponer el reconocimiento del “ecocidio marino” como un delito y exigir penas de cárcel para altos ejecutivos responsables de faltas graves. También demandan que se garantice el presupuesto necesario para que organismos como la SMA y SERNAPESCA refuercen su capacidad de fiscalización en terreno.

Por otro lado, en lo relacionado a cadenas productivas y comercialización, la organización prioriza el desarrollo de oportunidades para productos de pequeña escala y limita las cuotas de pesca silvestre destinadas a harinas o aceites, priorizando el consumo humano.

Gobernanza y acceso a la información

En el pilar de gobernanza, el movimiento aboga por un sistema integrado que garantice la transparencia total de la actividad acuícola, incluyendo datos de biomasa, mortalidad, y resoluciones ambientales. Según la organización, “la transparencia es esencial para evitar los abusos que hoy afectan a nuestras costas”.

Un proceso en tensión

El llamado de Defendamos Chiloé y otras organizaciones resalta la importancia de este proceso participativo como un punto de inflexión para el sector acuícola. En un contexto donde la presión industrial busca alterar prioridades, el movimiento refuerza la urgencia de proteger los ecosistemas costeros de Chile y avanzar hacia una gobernanza acuícola realmente sostenible.

Con la participación ciudadana abierta hasta principios de 2025, el debate seguirá creciendo, y el resultado dependerá de la capacidad de las autoridades, que en teoría, debería equilibrar las demandas ambientales con los intereses industriales.