Con un contundente respaldo de 140 votos a favor, la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que establece un aporte adicional al Bono Invierno. Con ello, la propuesta, iniciada en un mensaje del Ejecutivo, continuará su tramitación en el Senado.
Su objetivo es apoyar a los sectores más afectados por el escenario económico actual. Particularmente, los adultos mayores, quienes han visto disminuido el valor real de sus pensiones, mediante un complemento excepcional, refirió una nota de prensa de la instancia.
Son 60 mil pesos adicionales destinados a más de 1 millón 601 mil pensionados que recibieron el Bono Invierno en mayo, de 74.767 pesos.
La medida fue anunciada en la Cuenta Pública por el presidente, Gabriel Boric, quien recogió la demanda ciudadana también planteada por varios legisladores y legisladoras. Además, se complementa con otras acciones del “Plan Chile Apoya”, enfocado en soluciones de apoyo para dar un alivio para la seguridad económica de los hogares.
Recibirán este aporte adicional quienes recibieron dicho beneficio en mayo pasado, de acuerdo con la Ley 21.526 de reajuste al sector público. En particular:
- Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión Social y de Mutualidades de empleadores, que reciben pensiones inferiores o iguales al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más años de edad (201.677 pesos).
- Pensionados del sistema de AFP que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal. Asimismo, quienes reciben un Aporte Previsional Solidario de Vejez, con pensiones inferiores o iguales al valor de la pensión mínima de vejez.
- Pensionados con Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión.
- Pensionados de algún régimen previsional que adicionalmente perciban una PGU, cuyas pensiones sean inferiores o iguales al valor de la pensión mínima de vejez.
El aporte extraordinario de 60 mil se pagará en una sola cuota, a partir de este mes (junio), por el IPS. Es de cargo fiscal y no constituye remuneración o renta. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
La supervigilancia y fiscalización en el otorgamiento y el pago corresponderá a la Superintendencia de Pensiones. Por otra parte, se señala que quienes reciban indebidamente el beneficio deberán restituirlo.
El plazo para reclamar el no otorgamiento del beneficio será de un año y el plazo del cobro será de 9 meses.
La iniciativa tiene un costo fiscal de 97 mil millones de pesos. Se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público. Del monto total, cerca de 1.600 millones de pesos corresponden a gastos de administración para el pago por parte de las entidades bancarias.
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