Legisladores del Partido Comunista de Chile presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso para defender la ley contra los delitos económicos, luego de que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) la impugnara.
La normativa, aprobada en mayo pasado por el Congreso Nacional, amplía las multas y privación de libertad para los llamados “delitos de cuello y corbata”, entre ellos los bancarios, tributarios, la malversación de caudales públicos o el lavado de activos.
“Nos parece importante defender una ley que termina con la impunidad en esta materia”, declaró la senadora Claudia Pascual, quien consideró inadmisible que personas jurídicas y naturales no sean sancionadas en proporción al daño económico y medioambiental causado.
El gran empresariado, representado en la CPC, rechazó que la legislación establezca penas especiales para ciertas personas, según posición y cargo, y dijo que el proyecto viola la Constitución, es decir, la ley fundamental impuesta en 1980 en tiempos de la dictadura.
Tras criticar la impugnación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que la CPC trata de impedir iniciativas con amplio apoyo en el Parlamento y en la ciudadanía.
Dirigida al combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la ley no solo se aplicará a empresas, sino también a entidades religiosas, partidos políticos, sociedades y universidades del Estado.
Para el senador Daniel Núñez es totalmente cuestionable que la Corporación para la Producción y el Comercio recurra al Tribunal Constitucional contra la iniciativa que establece sanciones más claras y ejemplares para los delitos económicos.
“Obviamente, hay que aumentar las penas y hacer efectiva la cárcel cuando se cometen actos tan graves como la colusión, el fraude al fisco, la defraudación en el pago de impuestos”, dijo Núñez, en declaraciones publicadas por el periódico El Siglo.
Afirmó el senador que en el país se deben eliminar sanciones tan ridículas como la de obligar a recibir clases de ética a quienes generaron hechos de corrupción tan emblemáticos como los del Grupo Penta.
Conocido como Pentagate, este caso consistió en el uso de facturas falsas para financiamiento de campañas de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la derechista Unión Demócrata Independiente.
Otro escándalo empresarial fue el del alza concertada en farmacias de los precios a más de 200 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Fuente: Prensa Latina
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