Repudio dentro y fuera de Perú ha despertado el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que se conoció este martes 5 de diciembre y en el que se ordenó la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori «en consideración a su avanzada edad y precario estado de salud».
Las reacciones no se han hecho esperar y en las redes sociales ya están convocadas diversas manifestaciones para manifestar el rechazo a esta medida que muchos peruanos consideran un insulto.
Con la etiqueta #IndultoEsInsulto, se convocó a la población a concentrarse a las 6:00 pm (hora local), tanto en la Plaza San Martín –epicentro de numerosas protestas antigubernamentales y antifujimoristas– como en la sede del Palacio de Justicia, símbolo del Poder Judicial del país suramericano, consignó RT.
Para este 7 de diciembre también están circulando otras convocatorias. «¿Querían más gente en las calles? Ahora la tendrán. Nos vemos el 7/12 en las calles», expresaron en X, antes Twitter.
«La liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El instituto penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo», advirtió Human Rights Watch a través de su directora de División de las Américas, Juanita Goebertus.
Por su parte, Carlos Rivera, representante legal de las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos por las que el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, consideró que el fallo pone a Perú en la lista de Estados que se han declarado «en rebeldía» contra las sentencias de la Corte IDH.
«Estamos entrando a un terreno en el cual el Perú deja de cumplir, como corresponde, una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», advirtió el abogado en declaraciones ofrecidas a medios locales.
Agregó que el Estado peruano podría «no ejecutar esa orden emitida por el TC, con mérito a lo que en el derecho internacional se denomina un control de constitucionalidad, que obliga no solamente a los jueces sino a todas las autoridades del Estado».
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