El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió públicamente la responsabilidad de la actuación policial durante la toma violenta de una petrolera en San Vicente del Caguán por parte de un grupo de campesinos, que dejó un agente y un civil muertos, y donde se presentó la retención de 79 uniformados.
En una serie de trinos, el mandatario colombiano escribió que como comandante en jefe de las Fuerzas Militares era el «único responsable de las acciones en Los Pozos, Caquetá», que también han dejado como consecuencia la emisión de una orden de captura contra un comandante policial que participó en el operativo.
En las últimas horas se conoció que el juez 131 penal militar ordenó la aprehensión del comandante de la Policía de Caquetá, Javier Antonio Castro, por «posible omisión de apoyo» a los uniformados que fueron retenidos en las instalaciones.
La omisión de apoyo ocurre cuando un miembro de la Fuerza Pública se rehúsa o se demora en ofrecer el apoyo pedido por las autoridades.
El presidente escribió que no quería «jueces que presionen, que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes».
«Mis tropas jamás bombeardarán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de Policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil», dijo.
Petro afirmó que «los mejores juristas internacionales» de defensa de derechos humanos serán contratados para llevar el caso de «los oficiales de Policía que defiendan los derechos humanos en Colombia».
Esta declaración genera un nuevo choque con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien había afirmado días atrás que los altos mandos policiales y militares tenían el «deber constitucional» de socorrer a sus compañeros.
¿Qué ocurrió?
A principios de marzo, un grupo de campesinos tomó una base petrolera de la empresa Esmerald Energy, en el corregimiento de Los Pozos, para exigir la reivindicación de sus derechos sobre la tierra, así como inversión social para subsanar los daños causados en la región y la pavimentación de una vía de 42 kilómetros.
En el interior de la base se encontraban 80 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, que habían sido enviados allí porque tenían información de que se haría la toma. Tras el ingreso por la fuerza de cientos de trabajadores agrícolas, el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años, y el civil Reynel Arévalo, de 60 años, resultaron muertos.
Tras esos hechos, 79 uniformados y seis empleados de la petrolera china Esmerald Energy estuvieron retenidos y posteriormente fueron liberados. Luego de días de negociaciones con el Ejecutivo, se llegó a un acuerdo con los impulsores de la protesta.
Fuente: RT.
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