La empresa canadiense Enbridge le ha pagado a la Policía de Minnesota (EE.UU.) 2,4 millones de dólares por vigilar, contener y detener a cientos de manifestantes que se oponen a la construcción del oleoducto de la Línea 3, a cargo de esa compañía.
Enbridge ha costeado la formación, los salarios, las horas extra, las comidas, los hoteles y el equipamiento de los uniformados, durante el tiempo que han estado vigilando a los manifestantes, de acuerdo a varios documentos a los que ha tenido acceso el periódico británico.
La empresa, cuya principal actividad es el transporte y distribución de crudo y gas natural a través de oleoductos y gasoductos, está sustituyendo el oleoducto de la Línea 3 en su paso a través de Minnesota, lo que le permitirá transportar petróleo desde Alberta hasta la punta del Lago Superior, en Wisconsin.
La obra en cuestión, que está destinada a transportar un petróleo pesado llamado betún, duplica la capacidad de la original, para llegar a 760.000 barriles diarios, y traza una nueva ruta a través de humedales prístinos. Un informe del grupo de acción climática MN350 sostiene que el oleoducto ampliado será fuente de una contaminación equivalente a los gases de efecto invernadero de 50 centrales termoeléctricas accionadas con carbón.
Hasta el momento, la Policía ha detenido a más de 900 manifestantes que se oponen a la Línea 3 y a su impacto sobre el clima y contra los derechos de los indígenas nativos, según la Red de Acción Legal del Oleoducto.
La respuesta de Enbridge
Enbridge dijo a The Guardian que un gestor de cuentas independiente asigna los fondos y que es la Policía la que decide cuándo los manifestantes infringen la ley. Así lo reiteró Michael Barnes, un portavoz de la empresa, en un correo electrónico: «Los agentes deciden cuándo los manifestantes están infringiendo la ley, o poniéndose a sí mismos y a otros en peligro».
Sin embargo, Tara Houska, fundadora del grupo indígena de primera línea Giniw Collective, afirma que la Policía trabaja «mano a mano con las grandes petroleras. Trabajan activamente para una empresa. Su deber es con el estado de Minnesota y con los ciudadanos tribales de Minnesota».
En agosto, Houska y otros activistas de la preservación del agua se reunieron con el relator especial de la ONU sobre derechos humanos, a fin de manifestarle la preocupación colectiva por el tipo de vínculo entre una gran empresa privada y la policía. Houska dijo que la relación financiera había dado lugar a la criminalización de la protesta y estaba sentando un precedente que «debería asustar a cualquiera».
Hasta el momento, ni las autoridades locales ni las estadales han hecho declaraciones al respecto.
Cortesía de RT
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