Piñera repone “suma urgencia” a Ley de Inteligencia que lo instala a la cabeza del sistema y convierte a chilenos en «enemigos» del Estado

El presidente Sebastián Piñera repuso la suma urgencia al proyecto de ley de inteligencia el que, en los hechos, lo pone a él a la cabeza de un ultrapoderoso sistema nacional de inteligencia, que casi no podrá ser controlado ni por el Congreso ni por la Justicia.

Esta decisión fue informada cerca de la medianoche de este miércoles 17, pocas horas después que Piñera firmara un oficio que le retiraba esa urgencia a la tramitación del proyecto. Este ya fue aprobado en enero pasado en el Senado y actualmente permanece en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

La suma urgencia supone que el proyecto debe ser conocido y despachado en un plazo de 15 días. Con la antes anunciada medida, Piñera completa su séptima insistencia en dar suma urgencia a este proyecto, que a todas luces tiene prioridad en su agenda represiva, pese a que las necesidades del país van en otra vía.

No obstante, dada la negativa de los diputados de oposición de darle viabilidad a este proyecto, especialmente del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, la iniciativa se ha visto empantanada provocando la furia del ministro Alberto Espina.

Piñera, jefe de inteligencia nacional

Piñera intenta -a través de la nueva Ley de Inteligencia- construir una superpoderosa agencia nacional de inteligencia (ANI) que concentrará la información de todos los organismos de inteligencia, y que tendrá a la cabeza de un gran jefe: el propio Piñera.

En efecto, la nueva Ley de inteligencia, supone la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia que será encabezado por el Presidente de la República y estará compuesto por ministros y subsecretarios del área y por los jefes de Inteligencia de las tres ramas de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

La nueva normativa supone la integración de las unidades de inteligencia, pasando a un sistema que obliga a las Fuerzas Armadas a entregar información al Director de la ANI, cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República, sometiendo a las unidades de Inteligencia a los requerimientos que establezca el Director de la ANI en nombre del Presidente de la República.

El proyecto de Piñera y Espina cambia la definición de contrainteligencia del Estado, incorporando ahora como nueva amenaza a los «grupos nacionales».  Esto supone que las organizaciones sociales y políticas podrían pasar a ser enemigos del Estado e involucraría a los militares en una lucha contra chilenos y chilenas.

“Lo que busca Piñera es transformarse en el jefe de la inteligencia nacional sin ningún control”, sostuvo el diputado Jorge Brito en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, de 10 de junio.

Aunque fuertes, estas palabras no son para nada exageradas y se quedan cortas. De aprobarse, la ANI podrá solicitar información a cualquier oficina o empresa del Estado; y determina que el funcionario que se niegue a entregarla reciba sanciones administrativas.

“El proyecto establece que la información obtenida a través de la Ley de Inteligencia no puede cederse o transferirse a otros organismos (bien). Sin embargo, permite hacer esta transferencia ‘(si) ello fuere imprescindible para el éxito de sus labores propias’ (muy amplio)” como señaló el abogado de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, en análisis de la Ley de Inteligencia publicado el 19 de mayo en su cuenta de Twitter.

Uno de los aspectos más importantes es que obligará a las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas a entregar “información residual” a la ANI, lo que las implicará en operaciones de Inteligencia interna, que hasta ahora le estaban vedadas por la Constitución.

Yendo más allá, la nueva ley entregará a la ANI la facultad de reclutar agentes de inteligencia entre policías y militares, para oficiar como “agentes encubiertos”, por un tiempo indefinido.

En el mensaje presidencial que acompaña al proyecto, se sostiene que “al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, se les combate con la fuerza del músculo, pero también con la inteligencia de la cabeza”.

No obstante, el proyecto no contiene en su articulado ninguna mención respecto al narcotráfico ni a la delincuencia organizada.