Polémica en Chiloé: Aprueban mega proyecto eléctrico en medio de denuncias de lobby e irregularidades

Aprueban polémico mega proyecto energético de Transelec en Chiloé

En una votación que ha generado enorme controversia, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto energético de la empresa Transelec en la provincia de Chiloé, en la región de Los Lagos, fue aprobado este 20 de febrero de 2024, con 7 votos a favor y 3 en contra por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) dando, por ahora, luz verde a esta iniciativa que busca instalar una carretera eléctrica  de 500 kilovoltios.

El proyecto, de acuerdo a lo que se ha presentado, tiene como objetivo unir las subestaciones Tineo, ubicada en la localidad de Llanquihue, y Nueva Ancud, al norte de la isla de Chiloé.

La reunión del COEVA, realizada en el edificio de la Delegación Presidencial de Los Lagos En Puerto Montt, votaron a favor del proyecto la delegada Giovanna Moreira y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Economía, Energía, Medio Ambiente y el representante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Los que se opusieron fueron seremi de Desarrollo Social, Agricultura y Salud.

Reacciones desde Chiloé

Previo a las votaciones, tal como consignó El Ciudadano, vecinos desde Puerto Elvira en la comuna de Ancud, Chiloé, solicitaban a las autoridades, rechazar el proyecto, argumentando una serie de vicios e irregularidades

“Sentimos que el Estado y esta empresa eléctrica están siendo abusivos, permitiéndole a Transelec poner esta línea eléctrica con inmensas torres en nuestras tierras y obligando a algunos a abandonarlas, favoreciendo a una empresa que ha cometido muchas irregularidades de las que tenemos registros. ¿Cómo se explica que les hayan dado más plazo del que la ley establece? Si esto se aprueba, el miércoles pueden entras las excavadoras en nuestras tierras. Exigimos que cada una de las irregularidades del proceso sean investigadas”, señalaba momentos previos a la votación uno de los afectados de Chacao, Marcelo Vidal.

Vecinos y vecinas de Chiloé, además de cuestionar distintos aspectos del proceso que Transelec ha llevado a cabo en las localidades, como se consigna en la nota original, también compartieron diversas observaciones que el informe del proyecto contiene errores y omisiones “inexcusables en su evaluación, siendo la empresa responsable de graves retrasos a la fecha, que por ejemplo habría omitido, negligentemente, la consulta indígena en su evaluación ambiental (exigida por el Convenio OIT)”, se señaló en una declaración pública.

Una vez conocidas las votaciones de este martes, Juan Carlos Viveros, del Movimiento Defendamos Chiloé, manifestó: “Declaramos inaceptable la votación del Gobierno de Chile, representado por autoridades regionales hoy en Coeva, en particular, la votación de la cartera de medioambiente, quien conociendo los severos impactos en flora , vegetación y pérdida de seguridad hídrica del archipiélago, votó a favor“.

¿Quién es Transelec?

De acuerdo a información publicitada por la empresa, Transelec es el principal proveedor de sistemas de alta tensión en Chile, con 10.135 kilómetros de líneas y 69 subestaciones de 500 kV y 220 kV, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. «Somos la principal empresa de transmisión de energía eléctrica en Chile y transportamos la energía que ilumina al 98% de la población que habita entre Arica y Chiloé», destacan.

Transelec es una transnacional, propiedad de un consorcio integrado por los fondos canadienses Canadian Pension Plan Investment Board (CPP), British Columbia Investment Management Corp. (bcIMC) y Public Sector Pension Investment Board (PSP), y la empresa China Southern Power Grid International (CSGI).

Cuestionado proyecto en Chiloé

La polémica se ha intensifica debido a las revelaciones que denuncian graves irregularidades en los procedimientos administrativos y vínculos entre la empresa y organismos evaluadores. Un trabajo de investigación desarrollado por el antropólogo  Federico Valdés Bize dio cuenta, previo a la votación, de una serie de situaciones que generan enorme preocupación, cuyos contenidos fueron publicados en El Mostrador, titulado: “De jefa del SEA a gerenta de Transelec: la puerta giratoria en el megaproyecto eléctrico en Chiloé”.

De acuerdo a la publicación de Valdés, una exfuncionaria del Servicio de Evaluación Ambiental y actual vicepresidenta de Transelec, ha sido señalada por su participación en audiencias de lobby mientras ocupaba cargos clave en el servicio. Además, se ha observado una interrelación entre miembros de Transelec y autoridades gubernamentales y de estamentos públicos locales, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad en la toma de decisiones.

“En enero de 2023 la empresa titular del proyecto, Transelec, contrató a Paola Basaure como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Hasta mayo de 2022 Bausare era Jefa de la División de Evaluación y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental, institución donde llegó a ser Directora Ejecutiva Subrogante y Secretaria del Comité de Ministros. En febrero de 2023 Basaure asumió como representante legal de Transmisora del Pacífico S.A. en el estudio de impacto ambiental del proyecto Tineo – Nueva Ancud ante el SEA”, se señala en parte del texto de Federico Valdés Bize.

El proyecto también ha sido objeto de críticas por su gestión de relaciones comunitarias, evidenciada en la entrega de cajas de alimentos por parte de la empresa a poblaciones afectadas. Esta situación ha llevado a denuncias de clientelismo y ha avivado la preocupación sobre la transparencia en las acciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, la extensión de plazos solicitada por Transelec ha generado controversia, siendo interpretada por representaciones socio ambientales como una estrategia para evadir responsabilidades.

Cabe consignar, según la empresa y de acuerdo a la publicación efectuado en su sitio web, que el proyecto en cuestión: “Consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión de alta tensión que conectará las subestaciones Tineo (Llanquihue) y Nueva Ancud (Ancud). La línea tendrá una extensión aproximada de 95 kilómetros, con 251 torres, y cruzará seis comunas de las Provincias de Llanquihue y Chiloé en la Región de Los Lagos (Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín, Calbuco, Ancud)”.

A continuación, compartimos de forma íntegra, el trabajo de investigación difundido y elaborado por Federico Valdés Bize, publicado originalmente en El Mostrador.  

La puerta giratoria y el intenso lobby del mega proyecto eléctrico que impactaría Chiloé

Actual vicepresidenta de la empresa fue funcionaria pública clave en evaluación del proyecto que se califica el martes 20 de febrero

Por Federico Valdés Bize

El Mostrador

El proyecto Sistema de Transmisión Tineo – Nueva Ancud de la empresa canadiense-china Transelec. Se trata de un tendido eléctrico de alta tensión, de 96 kilómetros de extensión por 50 metros de ancho, con 251 torres, que conectaría la isla grande de Chiloé al continente, cruzando el canal de Chacao y las comunas de Ancud, Calbuco, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas y Llanquihue.

Organizaciones sociales, ciudadanía y comunidades indígenas han manifestado sus preocupaciones por el grave impacto ambiental a gran escala de este proyecto, que afectaría bosque nativo, humedales, turberas, aves migratorias, comunidades indígenas y poblaciones rurales en la isla y el continente. Además el proyecto habilitaría la instalación de más de 20 complejos eólicos en la zona, con impactos ambientales sinérgicos, sin tener instrumentos de planificación ambiental y territorial, como tampoco consulta indígena.

A lo anterior suman sus dudas por las irregularidades y vicios en los procedimientos administrativos que evaluan el proyecto, con existencia de puertas giratorias entre la empresa y el organismo evaluador, el clientelismo sobre las poblaciones impactadas por el proyecto, el lobby y los operadores políticos en puestos clave, así como la parcialidad ministerial en sus decisiones. Lo que beneficiaría a la empresa en detrimento de los afectados ambientales y expresaría transgresiones entre el bien público y el interés privado durante el proceso.

La puerta giratoria

En enero de 2023 la empresa titular del proyecto, Transelec, contrató a Paola Basaure como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Hasta mayo de 2022 Bausare era Jefa de la División de Evaluación y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental, institución donde llegó a ser Directora Ejecutiva Subrogante y Secretaria del Comité de Ministros. En febrero de 2023 Basaure asumió como representante legal de Transmisora del Pacífico S.A. en el estudio de impacto ambiental del proyecto Tineo – Nueva Ancud ante el SEA.

Antes de su incorporación a Transelec, como funcionaria del SEA Basaure participó en tres audiencias de lobby por este proyecto. La primera de ellas en mayo de 2019, antes del ingreso del proyecto a evaluación ambiental. La segunda en junio de 2020 cuando se presentó el proyecto al SEA, tres meses antes de su ingreso a evaluación. La tercera en abril de 2021, trató la materia “criterios de evaluación en proyectos de inversión”, y ocurrió entre el envio del SEA a la empresa del informe anexo de Participación Ciudadana delInforme Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) y la respuesta de la empresa mediante Adenda.

Ya como vicepresidente de Transelec, en febrero de 2023 participó en una audiencia ante el SEA Región de Los Lagos, por la materia “Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos”, específicamente por el “proceso de Consulta Indigena proyecto de transmisión en la Región de Los Lagos”. Atendió esta reunión el director regional del SEA, Sergio Sanhueza. Meses antes de esta reunión de lobby, Basaure era jefa directa de Sanhueza en el Servicio de Evaluación Aambiental. Ella se desempeñaba como Jefa de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana y él era Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo del servicio.

El día 13 de febrero de 2024 el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos emitió el Informe Consolidado de Evaluación, firmado por su director Sergio Sanhueza, donde recomienda la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental compuesta por la Delegada Presidencial y los Secretarios Regionales Ministeriales.

La puerta giratoria entre Transelec y el Estado por este proyecto no es nueva. El 5 de septiembre de 2018 la abogada María José Ariztía Larraín compareció ante notario para reducir en escritura pública el acta de la primera reunión del directorio de Transmisora Chacao S.A., constituida por Transelec para desarrollar el proyecto de alta tensión. Eran los últimos días de Ariztía trabajando en Transelec, pues en octubre de ese año pasó a desempeñarse como abogada de la división jurídica del Ministerio de Energía, labor que ejerció hasta febrero de 2020.

Actualmente Ariztía es abogada senior de Engie Chile, empresa con dos activos en la isla: el complejo eólico industrial San Pedro en Dalcahue, ya construido y con pretensiones de expansión; y el complejo eólico industrial Vientos del Archipiélago en Chonchi y Castro, que está en etapa de estudio de línea base y relacionamiento anticipado.

Lobbystas influyentes conectados

El estudio de impacto ambiental del proyecto, pagado por Transelec, fue elaborado por Gestión Ambiental Consultores (GAC). La jefa de proyecto del estudio de GAC, fue la socióloga Claudia Serrano Madrid, histórica militante del Partido Socialista, Subsecretaria de Desarrollo Social, Ministra del Trabajo y Embajadora ante la OCDE en gobiernos de la presidenta Bachelet. El hijo de Serrano es Miguel Crispi, fundador del Partido Revolución Democrática y actual jefe de asesores del presidente Boric. Mientras que su cónyuge, Patricio Tapia, antiguo militante socialista, fue administrador municipal y alcalde subrogante de Puerto Montt durante el año 2022 mientras se evaluaba el proyecto. En esta comuna se emplazarían 55 torres de esta línea de alta tensión.

En noviembre de 2022, Serrano participó representando a Transelec en una audiencia con el gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, para «profundizar en aspectos clave del Proyecto Tineo-Ancud para las metas de descarbonización del Estado de Chile».

El lobby y relacionamiento comunitario de Transelec también fue realizado por la consultora Allard & Partners, dirigida por el arquitecto Pablo Allard Serrano, antiguo asesor urbanístico del presidente Piñera en el Grupo Tantauco. En 2021 Allard fue parte del Comité Consultivo convocado por el Ministerio de Energía para asesorar estratégicamente la actualización de la Política Energética Nacional, instancia donde también participó Arturo Le Blanc, actual gerente general de Transelec.

En septiembre de 2022, su hermano Francisco Allard, participó representando a Transelec en una audiencia ante la Delegada Presidencial en la Región de Los Lagos, Giovanna Moreira, sosteniendo la importancia del proyecto para las metas de descarbonización del país. Entre agosto y septiembre de 2022 sostuvo tres audiencias ante los Secretarios Regionales Ministeriales de Economía, Obras Públicas, y Vivienda y Urbanismo por el “Plan Maestro que propondrá el proyecto Tineo Ancud, impulso clave para el desarrollo local en el Cruce de Chacao». En enero de 2023 sostuvo audiencia con el encargado de los Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO) de la división jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, tratando este Plan y también la aplicación de la Ley Lafkenche en la zona.

El “Plan Maestro Territorial del Canal de Chacao” es uno de los compromisos voluntarios de Transelec en el marco del Estudio de Impacto Ambiental. Allard & Partners ya ha ejecutado talleres sobre este Plan en localidades de la zona, sin contar con la calificación ambiental del proyecto y en paralelo a la consulta indígena.

Clientelismo en Ancud

En julio de 2020, a solicitud ciudadana, la Contraloría General de la República se pronunció respecto a una publicación en Facebook de la cuenta oficial de la Municipalidad de Ancud, en que felicitaba a Transelec por la entrega de cajas de alimentos a 70 familias en un sector rural de la comuna el mes de mayo.

La Contraloría concluyó que la “municipalidad de Ancud deberá abstenerse de efectuar publicaciones como la de su especie en redes sociales”. En aquel sector rural la empresa construía la subestación eléctrica Nueva Ancud, elemento integral del sistema de alta tensión Tineo-Nueva Ancud y que fue ingresada al SEIA mediante una Declaración de Impacto Ambiental.

Sim embargo, días después del pronunciamiento de Contraloría, la Delegación Municipal de Chacao publicó en sus redes sociales una nueva entrega de alimentos, “un aporte en ‘Cajas de Víveres’, que Transelec realizó coordinado a través de la I. Municipalidad de Ancud a algunas organizaciones comunitarias e indígenas” del sector de Chacao. Según lo publicado, la empresa, la Oficina de Asuntos Indígenas y el Alcalde “aunaron fuerzas y criterios para concretar esta donación”, en un sector donde, de aprobarse el proyecto, se instalarían algunas de las 66 torres de alta tensión que cruzarían la comuna de Ancud. La entrega de alimentos en cajas con el logo de la empresa en su exterior, ocurrió cuatro meses antes del inicio del procedimiento de participación ciudadana de la evaluación de impacto ambiental.

Las acciones entre la empresa y el municipio se extendieron al año 2021. Según la Cuenta Pública 2021 de la Ilustre Municipalidad de Ancud, el “Área de salud, educación y atención al menor” de la Corporación Municipal, ejecutó el proyecto “Escuela Villa Chacao Mejoramiento Sistema de Calefacción Transelec” por un monto de $3.550.448 pesos chilenos. Se consultó por Ley de Transparencia tanto a la Municipalidad como a la Corporación Municipal por el origen de este dinero y el convenio de colaboración público-privada correspondiente. La Municipalidad no respondió y derivó la consulta a la Corporación Municipal, pero ésta no respondió aquella ni la solicitud inicial.

El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, había sido denunciado públicamente el año 2020 por organizaciones sociales, luego de contratar como asesor a Patricio Peñaloza, uno de los principales operadores del proyecto eólico Chiloé que pretende construirse en el sector de Mar Brava.

Objetivos del proyecto

Consultada sobre este proyecto en marzo de 2023, la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Energía de la Región de los Lagos, Liliana Alarcón, desestimó referirse al proyecto de la nueva línea de alta tensión, porque integra la Comisión de Evaluación Ambiental que deberá aprobar o rechazarlo. La secretaria de energía, que también actualmente subroga la Seremi de Medio Ambiente, afirmó que han estado en Castro y Ancud “reunidos con diferentes comunidades para poder acercar de cierta manera la información sobre generación eléctrica en Chiloé, las posibilidades de participación, porque hay que asimetrear la información para que el proceso de evaluación tenga la posibilidad de que estén todas las miradas”.

Sin embargo, desde una comunidad indígena afectada por el proyecto, afirman que cuando la Seremi y funcionarios de la secretaría se reunieron con las comunidades para informar del proyecto, desestimaron que para la planificación de esta nueva obra de transmisión eléctrica se hubiese proyectado un escenario de parques eólicos en la isla: “eso es fake news” habrían respondido desde la Secretaría, desconociendo lo informado por la Comisión Nacional Eléctrica en su planificación de la expansión de la transmisión eléctrica del año 2017, donde se señala la importancia de este proyecto para la habilitación de proyectos eólicos en Chiloé.

Extensión de plazos

Según el Decreto 17T del Ministerio de Energía, publicado el 30 de noviembre de 2018, Transelec tenía 60 meses para la puesta en servicio de la obra, plazo que se cumpliría el 30 de noviembre de 2023. Asimismo debía obtener la Resolución de Calificación Ambiental favorable a más tardar el 16 de abril de 2022. El 23 de septiembre de 2020 la empresa ingresó su estudio de evaluación de impacto ambiental, siendo admitido por la autoridad ambiental el día 30 del mismo mes.

En octubre de 2020 Transelec solicitó al Ministerio de Energía un aumento de plazo para cumplir los hitos del proyecto, argumentando que la pandemia era un hecho de fuerza mayor que impactaba en el procedimiento de evaluación ambiental. Mediante cartas a la autoridad, Transelec solicitó 393 días de aumento de plazo para la línea Tineo – Ancud.

La empresa argumentó que para calcular la extención de plazo debía contarse desde el 20 de marzo de 2020, cuando la dirección nacional del Servicio de Evaluación Ambiental suspendió los procedimientos ambientales por motivo de pandemia.

Sin embargo, en su Resolución Ministerial Exenta 7/2022, el Ministerio de Energía respondió que para calcular la extensión de plazo debía contarse desde la fecha en que la empresa había ingresado su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, que la suspensión decretada por el SEA no era impedimento para que la empresa hubiese ingresado su estudio en ese periodo. De tal manera, el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto solo se había suspendido por 80 días. Por tal razón resolvió acoger parcialmente la solicitud, prórrogando la puesta en servicio de la obra por 80 días.

Inconforme con la resolución, Transelec interpuso un recurso de reposición ante el Ministerio. Asimismo sostuvo audiencia de lobby para tratar dicho recurso con la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Energía. La empresa solicitó una ampliación adicional de

184 días, correspondientes al número de días en que la dirección nacional del SEA suspendió los procedimientos: del 20 de marzo hasta el 20 de septiembre de 2020. Transelec afirmó tener su estudio de impacto ambiental listo para su ingreso en marzo de 2020. La afirmación no fue acompañada por el documento del estudio de impacto ambiental con dicha fecha, sino que por elementos circunstanciales.

En la Resolución Ministerial Exenta nº 3 del 13 de enero de 2023, firmada por el Ministro de Energía Diego Pardow, se acogió parcialmente el recurso. En base a elementos circunstanciales y supuestos, la resolución infiere que la empresa tenía el estudio antes del 20 de marzo de 2020, pese a que lo hizo público recién el 23 de septiembre de ese año. Además, la resolución indica que el sistema se encontraba inoperante de realizar gestiones útiles a causa de la pandemia, aunque el mecanismo de ingreso del SEIA se encontraba operativo.

Bajo este supuesto, el Ministerio reconoció que un “evento de fuerza mayor que afectó el cumplimiento del Hito N° 2 en 253 días corridos, ha generado un ‘efecto dominó’ que impacta también el resto del cronograma de la Etapa 2 del Proyecto”. El ministerio determinó nuevos plazos: el primero de diciembre de 2023 para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental; el 9 de agosto de 2024 para la puesta en servicio del proyecto.

Las organizaciones ambientales, comunidades indígenas y ciudadanía han constatado estos hechos, que califican de vicios e irregularidades de gravedad, porque expresarían una colusión de las instituciones públicas con intereses privados que les deja desamparados ante las afectaciones ambientales que sufrirán de aprobarse el proyecto.

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