La Policía Nacional de Colombia sería la responsable de 11 de los 14 asesinatos de civiles ocurridos durante las protestas que se registraron en Bogotá y el vecino municipio de Soacha, en septiembre de 2020.
Estos son los datos que se desprenden del ‘Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre‘, que fue presentado este lunes 13 de diciembre en la sede de la Alcaldía de Bogotá, cuyo relator fue el exdefensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret.
En esos días, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron en contra de los abusos policiales y exigieron justicia por el asesinato del abogado Javier Ordóñez por brutalidad policial. Este hombre fue detenido de manera violenta por dos agentes de la Policía, quienes le aplicaron reiteradas descargas eléctricas en el suelo y otros maltratos, hasta que finalmente murió.
Las jornadas de protesta dejaron 13 muertos, a las que se le sumó la de Ordoñez, «la víctima que desató la indignación», como fue definido en el informe.
«De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional», detalla el texto.
De acuerdo con el documento, «otros dos asesinatos ocurrieron como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y terceros» y uno de ellos, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, «hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9S».
El otro asesinato fue el de María del Carmen Viuvche, una mujer que fue atropellada cuando un grupo de personas, en medio de las manifestaciones, «asaltaron un bus del sistema público, arremetieron en contra de su humanidad y le causaron la muerte».
Además de las muertes, se registraron 75 personas lesionadas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y 216 miembros de la Policía Nacional heridos.
Negret, junto con otros siete investigadores que elaboraron el informe, determinaron que en esas jornadas de protestas se identificaron siete prácticas violentas:
- Uso ilícito de la fuerza.
- Violencia contra la fuerza pública.
- Detenciones arbitrarias.
- Violencias basadas en género.
- Estigmatización de la protesta social.
- Violencia contra bienes públicos y privados.
- Impunidad.
La Policía, añaden en el texto, «reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas».
En el documento se califica a estos hechos como «una masacre», cuya responsabilidad recaería sobre ese cuerpo de seguridad.
«La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia», explican.
Fuente: RT.
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