¿Por qué el caso de Daniel Jadue es un ejemplo de lawfare?

POR ANJULI TOSTES, ABOGADA

¿Qué es el lawfare?

Imagina que tienes un rival en un juego. No puedes ganarle jugando limpio, así que decides usar las reglas del juego de una manera tramposa para sacarlo del camino. En política, esto puede pasar cuando se usan las leyes y los tribunales no para buscar justicia, sino para atacar a alguien que representa una amenaza para ciertos intereses poderosos. A esto se le llama lawfare, una palabra que viene del inglés: law (ley) y warfare (guerra). Es como una guerra judicial.

En América Latina, hemos visto casos de lawfare contra líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. En Chile, muchos argumentan que Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura importante del Partido Comunista, está enfrentando algo parecido. Pero, ¿por qué? Vamos a desglosarlo paso a paso de manera sencilla.

Paso 1: ¿Quién es Daniel Jadue y qué hizo?

Daniel Jadue es un político chileno de origen palestino que fue alcalde de Recoleta, una comuna de Santiago, desde 2012 hasta 2024. Es conocido por ser un líder progresista y por sus ideas innovadoras. Durante su gestión, implementó proyectos que desafiaron el status quo, como las “Farmacias Populares”. Estas farmacias venden medicamentos a precios mucho más bajos que las grandes cadenas privadas, ayudando a las personas más pobres a acceder a remedios que antes no podían pagar.

Además, Jadue creó una óptica popular, una librería accesible, una universidad abierta y hasta una inmobiliaria que ofrecía viviendas a bajo costo. Estos proyectos no solo mejoraron la vida de mucha gente en Recoleta, sino que también se convirtieron en un modelo para otras comunas de Chile y del mundo. Su popularidad creció tanto que en 2021 se convierte en precandidato presidencial por una coalición de izquierda.

Pero no todo el mundo estaba feliz con su éxito. Las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo, vieron cómo sus ganancias disminuían por culpa de las Farmacias Populares. Y algunos políticos de derecha lo consideraban una amenaza por sus ideas antineoliberales. Aquí es donde empieza a complicarse la historia.

Paso 2: ¿De qué lo acusan?

En 2024, Jadue fue acusado de delitos relacionados con las Farmacias Populares y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él presidía. La Fiscalía alega que, durante la pandemia, Achifarp compró insumos médicos a la empresa Best Quality, pero no pagó una deuda de un millón de dólares, y lo acusa de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Según ellos, Jadue usó una “bicicleta fiscal”: compró cosas sin poder pagarlas para tapar deudas y mantener una imagen de solvencia, incluso con fines electorales.

El 3 de junio de 2024, una jueza lo puso en prisión preventiva por 120 días, calificándolo de “peligro para la sociedad”. Tras 91 días en la cárcel, pasó a arresto domiciliario en septiembre de 2024, pero al estar más de 45 días sin trabajar, perdió automáticamente su cargo de alcalde, aunque no había condena firme.

A simple vista, suena como un caso normal de corrupción, ¿verdad? Pero cuando miramos más de cerca, hay señales que sugieren que esto podría ser más que una investigación legítima.

Paso 3: Las pistas que apuntan a lawfare

Ahora, vamos a buscar las pistas que hacen que mucha gente —incluyendo abogados, políticos y ciudadanos— crea que esto es lawfare. Aquí hay algunos puntos clave:

El momento sospechoso

Las acusaciones contra Jadue llegaron en un momento crítico. Era un político en ascenso, con apoyo popular y un posible candidato presidencial para 2025. Sacarlo de circulación justo antes de un año electoral huele a estrategia política. Si no podían vencerlo en las urnas, ¿por qué no usar los tribunales?

Medidas desproporcionadas.

La prisión preventiva es una medida extrema que se supone que se usa solo cuando hay un riesgo claro, como que la persona se escape o cometa más delitos. Pero Jadue no tenía antecedentes penales, siempre colaboró con la justicia y no había pruebas concretas de que fuera a huir. Aun así, lo encerraron y lo mostraron en televisión con un chaleco amarillo, como si fuera un criminal peligroso. Esto no solo lo castigó antes de un juicio, sino que dañó su imagen pública.

Falta de pruebas sólidas

Cuando lo pasaron a arresto domiciliario, la jueza Paula Brito dijo que no estaba claro que los delitos se hubieran cometido ni que Jadue estuviera involucrado. Entonces, ¿por qué lo tuvieron preso tanto tiempo? En un caso normal, la justicia espera tener pruebas firmes antes de tomar medidas tan duras. Aquí parece que primero lo castigaron y luego buscaron cómo justificarlo.

Intereses económicos en juego

Las Farmacias Populares tocaron un nervio sensible: el negocio de las grandes farmacéuticas en Chile, que controlan casi todo el mercado de medicamentos. Estas empresas, como Cruz Verde o Salcobrand, perdieron dinero por las políticas de Jadue. ¿Coincidencia que la empresa que lo denunció, Best Quality, esté vinculada a abogados conectados con la derecha y el poder económico?

Trato desigual

En Chile, mientras Daniel Jadue enfrentó prisión preventiva y perdió su cargo como alcalde de Recoleta por acusaciones aún no probadas, otros políticos y empresarios acusados de corrupción han recibido tratos más suaves. Por ejemplo, Carlos Délano y Carlos Lavín (Caso Penta) evitaron la cárcel por un fraude de 4 millones de dólares; Julio Ponce Lerou (Caso SQM) pagó una multa por pagos ilegales millonarios; Sebastián Piñera nunca enfrentó cargos formales por el Caso Enjoy. Las compras de Achifarp buscaban insumos para la emergencia sanitaria, pero Jadue fue tratado como criminal por una deuda de un millón de dólares sin cualquier evidencia de enriquecimiento personal. En contraste, Jaime Mañalich, exministro de Salud, no enfrentó cargos pese a que 2,4 millones de vacunas se vencieron y se perdieron 3,800 millones de pesos en medicamentos en Cenabast.

Paso 4: ¿Cómo funciona el lawfare en la práctica?

El lawfare no es solo meter a alguien en la cárcel. Es un proceso que combina varias herramientas para destruir a un enemigo político. En el caso de Jadue, podemos verlo así:

Medios de comunicación: Antes y durante el caso, algunos medios grandes publicaron titulares que lo pintaban como corrupto, sin esperar un juicio. Esto crea una opinión pública negativa y presiona a los jueces.

Poder judicial: Las decisiones rápidas y duras, como la prisión preventiva, parecen más políticas que legales, sobre todo cuando no hay pruebas claras.

Poder económico: Las empresas afectadas por las políticas de Jadue tienen recursos para influir en abogados, querellas y campañas mediáticas.

El resultado no es solo castigar a Jadue, sino enviar un mensaje: “Si desafías al sistema, te aplastaremos”. Es una advertencia para otros que quieran seguir su ejemplo.

Paso 5: ¿Por qué importa este caso?

El caso de Daniel Jadue no es solo sobre él. Es sobre cómo funciona la democracia en Chile y en el mundo. Si el lawfare se convierte en algo normal, cualquier líder que intente cambiar las cosas —especialmente si afecta a los poderosos— puede ser silenciado con excusas legales. Esto debilita la voluntad del pueblo, que votó por Jadue tres veces con mayorías abrumadoras.

Además, muestra una doble cara del sistema. Mientras los ricos suelen salir libres o con castigos leves, los que luchan por los más pobres enfrentan todo el peso de la ley. Es una lección dura sobre quién manda realmente: no siempre es el pueblo, sino quienes controlan el dinero y las instituciones.

Paso extra: Similitudes con los casos Lula y Dilma

Ahora, imagina que estás resolviendo un misterio y encuentras que el mismo truco se usó en otros casos. Comparar a Daniel Jadue con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, expresidentes de Brasil, es como encontrar pistas que encajan en el mismo rompecabezas. A Lula lo acusaron de corrupción diciendo que, como presidente, debió controlar todo, aunque no había pruebas de que él hiciera algo malo directamente; lo encerraron antes de unas elecciones, como a Jadue. A Dilma la sacaron del poder por unas “pedaladas fiscales”, diciendo que manipuló cuentas para parecer estable, pero sin mostrar que quiso engañar a nadie.

¿Te suena familiar? Estos casos enseñan que, en América Latina, los líderes que desafían a los poderosos suelen enfrentar juicios dudosos con el mismo patrón: acusaciones débiles, medios exagerando y timing perfecto para sacarlos del juego. Esto nos ayuda a ver que lo de Jadue no es algo único, sino parte de una estrategia más grande contra quienes quieren cambiar las cosas.

Conclusión: Una reflexión para todos

Entonces, ¿es el caso de Daniel Jadue un ejemplo de lawfare? Hay muchas señales que dicen que sí: el momento oportuno, las medidas exageradas, las pruebas débiles, los intereses económicos detrás y el trato desigual. No significa que Jadue sea perfecto o que no pueda cometer errores. Pero en un sistema justo, eso se prueba en un juicio imparcial, no con castigos anticipados ni campañas para destruirlo.

Pensemos en esto como el rompecabezas que mencionamos antes. Si todas las piezas —los hechos, los tiempos, los actores— apuntan a una estrategia para sacarlo del camino, entonces estamos ante algo más grande que un simple caso judicial. Estamos ante una guerra disfrazada de justicia. Y eso es algo que todos, como ciudadanos, debemos mirar con atención, porque hoy es Jadue, pero mañana podría ser cualquier otro que intente cambiar las cosas. La pregunta es: ¿qué democracia queremos?