Cada cierto tiempo, principalmente en temporada estival, el País, principalmente la zona centro sur, se ve afectado por olas de incendios forestales y muchas veces relacionados por la acción u omisión negligente de entes privados que muchas veces dañan bienes y patrimonios públicos que deberían ser defendidos judicialmente por dicho organismo.
El descontrol en la quema de podas y raleos forestales vinculados a la industria maderera, la distancia entre plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto con tendidos eléctricos, son algunos de los motivos que han generado grave perjuicio que, en los últimos años, entre otras consecuencias, han afectado con incendios a establecimientos educativos y postas rurales e incluso, la afectación de diversos parques nacionales y reservas naturales.
Con respecto a la relación de la causa eléctrica como origen de incendios forestales, se han relacionado por caída de rama, por crecimiento de vegetación bajo tendido eléctrico y por caída de tendido eléctrico o postación, entre otros, aspectos que están regulados por la Ley General de Servicios Eléctricos y Reglamento de Corrientes Fuertes, NSEG 5 E.N. 71, que dispone que los dueños de los árboles tienen un deber jurídico de mantenimiento. El organismo encargado de su supervigilancia es la Superintendencia de Electricidad.
Otro de los elementos atribuibles a focos incendiarios, se relacionan con el descontrol de la quema de podas y raleos de plantaciones forestales, así como la quema de rastrojos en agricultura, bajo supervigilancia de Conaf.
Un último incendio que está afectando gravemente a un parque nacional (Conguillío) y una reserva natural (China Muerta), es en la comuna de Melipeuco y que se habría generado desde un predio particular colindante por mal manejo de quemas y con viento puelche, siniestro que aún no es investigado.
Durante el año 2015 en la Araucanía, se expandieron numerosos focos de incendios desde plantaciones forestales a bosque nativo en reservas y parques nacionales como Tolhuaca, China Muerta, Conguillio, Malleco, Vilucura. Fueron miles las hectáreas arrasadas.
En abril del 2017, fueron formalizados tres ejecutivos de la empresa eléctrica CGE por su eventual responsabilidad en los incendios ocurridos el verano en la región de O”Higgins, judicialización sobre hechos puntuales en medio de una ola incendiaria que afectó a más de 600 mil hectáreas en el sur, con una gran cantidad de focos de incendios forestales relacionados a la industria maderera.
El emplazamiento al Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, quien debe asumir la defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, entre ellos bienes nacionales de uso público y propiedades fiscales.
El 31 de enero del 2017, ciento diez organizaciones de todo Chile suscribieron una petición formal a través del Movimiento por la recuperación del agua y los territorios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue cuál es la responsabilidad de las empresas forestales y del Estado en los megaincendios.
En la ocasión, la vocera de la organización, Francisca Fernández, manifestó que “los incendios que hoy están afectando a Chile, son producto de un modelo estructural forestal, no son casualidades” y agregó que «queremos saber cómo el modelo forestal en Chile está afectando los territorios y la propia gestión del agua”.
La misiva fue dirigida a Juan Ignacio Piña Rochefort como presidente del Consejo de Defensa del Estado, la que tenía el propósito ingresar antecedentes relacionados a atentados incendiarios en el centro sur de Chile, en el marco de intereses de la industria forestal en la Región del Maule, Bio Bio y la Araucanía para que el CDE asuma una investigación y, de ser necesario, tome acciones legales, esto porque, el Consejo tiene la facultad de velar por el interés público y, particularmente por el cumplimiento de la legislación ambiental mediante la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental de la ley N° 19.300 y la consecuente protección y defensa del patrimonio ambiental del país.
Sin embargo, a través de un oficio 00890 en marzo del 2017, indicó el organismo emplazado: “En respuesta a su carta del antecedente, en que solicita que este Servicio asuma la investigación e interposición de acciones legales por los incendios forestales que han afectado al País y a los intereses de las empresas forestales, informo a Ud. que el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren y, en todo caso, su competencia para intervenir en sede penal está circunscrita estrictamente a delitos que importen perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado y aquellos cometidos por empleados o funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Conforme a ello, este Servicio no tiene competencia, por ahora, para intervenir en este asunto”.
Agrega en otro punto: “No obstante lo anterior, hago presente a Uds. que los antecedentes remitidos han sido entregados a la Unidad de Medio Ambiente de este Servicio para su estudio y análisis, a fin de recopilar más antecedentes y actuar en conformidad a las funciones y facultades legales entregadas”, indica el oficio firmado por Carlos Mackenney en calidad de presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado.
Para las organizaciones denunciantes, el hecho que el Consejo de Defensa del Estado no haya querido investigar estas relaciones (incendios e intereses privados), tiene que ver con que en su interior existe un claro conflicto de intereses “El Presidente del Consejo (Juan Ignacio Piña Rochefort) fue personero de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario en el periodo gubernamental y es sabido de la relación del ex mandatario con las empresas forestales, quien fue socio en Antar Chile del holding forestal de Angelini y su estrecha relación con el grupo Matte de Forestal Mininco. Tampoco es posible omitir las redes de corrupción con amplios sectores de oposición y oficialistas, incluyendo a varios personeros vinculados al gobierno de Bachelet y los intereses de las empresas. El Consejo de Defensa del Estado simplemente se lavó las manos”, señalaron las organizaciones en un comunicado público, indicando que “es impresentable que dicho organismo, quien debe velar por los intereses comunes, sea cómplice de atentados y de graves daños patrimoniales causados por violentos grupos económicos”.
Olas incendiarias han quemado establecimientos educacionales rurales, postas de salud rural, han quemado miles de hectáreas de bosque nativo en parques nacionales y reservas naturales, con un grave perjuicio y daño pecuniario y patrimonial al fisco y a todo un País, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado continúa sin asumir su rol en estas materias.
El actual presidente del Consejo es: Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado militante de Renovación Nacional (RN). Durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se desempeñó como director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entre 2010 y 2012, e intendente de la Región Metropolitana de Santiago, entre 2012 y 2014. Desde abril de 2020 preside el Consejo de Defensa del Estado (CDE), bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Los miembros Consejeros del Consejo son: Clara Szczaranski, Paulina Veloso Valenzuela, Carlos Mackenney Urzúa, Rodrigo Quintana Meléndez, María Inés Horvitz, Ana María Hubner, Jaime Varela Aguirre, Daniel Martorell Correa, Raúl Letelier Wartenberg, Sebastián Soto Velasco y el ex ministro e Piñera y ex senador RN, Alberto Espina Otero.
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