El sábado pasado, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado en favor de Carabineros contra el Consejo para la Transparencia.
El recurso buscaba revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que a finales de abril decidió no acoger el reclamo de ilegalidad sobre una resolución del Consejo para la Transparencia. La Corte Suprema no lo consideró admisible debido a que, por las distintas etapas de amparo al acceso a la información, no puede sostenerse que los jueces de la Corte de Apelaciones “hayan incurrido en falta o abuso grave.”
La cuestionada resolución del Consejo emplazó a Carabineros entregar una copia de “los registros audiovisuales de las cámaras corporales de todos los funcionarios desplegados en las comunas de Santiago, Recoleta y Providencia, desde las 00.00 horas, del día 2 de octubre de 2020, hasta las 23.59 horas del día 3 de octubre de 2020.”
En el recurso presentado a la Corte de Apelaciones por Carabineros, la institución acusó que la solicitud afecta el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros por la necesidad de revisar todos los registros solicitados y difuminar la identidad de personas que aparezcan en los mismos.
La Corte de Apelaciones no acogió este recurso, debido a que “las argumentaciones expuestas no logran desvirtuar las consideraciones que se tuvieron presente para resolver” la entrega de la información por parte del Consejo para la Transparencia.
El largo camino de La Pública para obtener la información
La institución policial ha levantado una verdadera batalla legal desde la Revuelta Social para no hacer entrega de las imágenes de las cámaras corporales de sus uniformados. El medio independiente La Pública lideró este proceso de solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia.
El Ciudadano conversó con las fundadoras de La Pública, Catalina Gaete y Paulette Desormenaux sobre las dificultades que enfrentaron al momento de hacer estas solicitudes de información a Carabineros.
Catalina Gaete explicó que “pedir información a Carabineros a través de transparencia es un proceso engorroso y desmotivante”, en gran medida debido a la manera en la que la institución policial gestiona las solicitudes de acceso a la información pública.
“En primer lugar, Carabineros no está asociado al Portal de Transparencia, que es la plataforma habilitada por el Consejo para la Transparencia para facilitar y estandarizar el proceso de acceso a la información. Ellos tienen su propio sistema, y eso genera algunos problemas técnicos”, continuó Gaete, y explicó que, por ejemplo, la plataforma no funciona fuera del territorio nacional.
Una segunda dificultad detectada por Catalina Gaete se refiere a los argumentos que entrega la institución para denegar la información, los que combinan casi todas las causales de excepción de la Ley de Transparencia. “Las solicitudes de cámaras corporales, por ejemplo, han sido denegadas por protección de datos personales, por afectar el servicio, por interés público, todo al mismo tiempo, lo que da cuenta de un esfuerzo invertido en denegar por sobre conceder acceso a la información”, concluyó.
Luego de obtener las imágenes, el medio puso a disposición de expertos en Derechos Humanos los más de 200 minutos obtenidos de grabaciones de estas cámaras, detectando graves violaciones a los protocolos sobre uso de la fuerza y un intento por evadir la comunicación con el Centro Nacional de Comunicaciones.
Sobre la solicitud que llegó hasta la Corte Suprema, Paulette Desormenaux comentó que fue especialmente compleja. “Nosotras ingresamos la solicitud a los pocos días que el chico fue lanzado al río Mapocho. Pedimos entonces todos los videos grabados en las comunas de Santiago, Recoleta y Providencia, el día 3 de octubre.”
Desormenaux explicó que tuvieron que atravesar varios trámites dilatorios que retrasaban las respuestas. “Nos denegaron, presentamos amparos y además volvimos a solicitar en un periodo de tiempo más acotado, todo con el objetivo de facilitar la entrega. Sin embargo, las solicitudes seguían siendo denegadas”, lamentó.
La cofundadora del medio planteó que “este tipo de respuestas son muy dañinas para la transparencia. Las denegaciones reiteradas, las dilaciones y derivaciones innecesarias lo que causan es un desincentivo a pedir información. Cualquier persona se agotaría de seguir adelante con estas respuestas.”
“Nuestro trabajo, sin embargo, es perseverar a pesar de todo, y exigir que nuestro derecho de acceso a la información, y el de toda la ciudadanía, prevalezca por sobre el secreto y la reserva”, sentenció Paulette Desormenaux.
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