Envenenamiento o muerte natural: el ‘caso Neruda’ entra a su etapa final, publicó hoy en su portada el Diario El País de España.

La ministra Paola Plaza, especialista en derechos humanos, se dispone a resolver el misterio de la muerte del poeta. Las conclusiones se conocerán el próximo viernes tras más de 10 años de investigaciones.

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El medio de España realizó un reportaje a la labor efectuada por la ministra Paola Plaza González en la causa por la muerte de Neruda en Santiago (Chile). Compartimos a continuación:

El ‘caso Neruda’ entra a su etapa final

Por: ANA MARÍA SANHUEZA

Santiago de Chile, 29 de enero

El caso Pablo Neruda, que busca determinar la causa de muerte en septiembre 1973 del poeta chileno, se acerca a su recta final tras más de 10 años de investigación en los tribunales de su país. Un equipo de expertos internacionales se reúne desde el pasado 25 de enero para determinar si el origen de la bacteria encontrada en 2017 en el cuerpo, clostridium botulinum, es tóxica o no. Las conclusiones se conocerán el próximo viernes 3 de febrero y serán clave para despejar si existió intervención de terceros en el fallecimiento del premio Nobel de Literatura, días después del 11 de septiembre de 1973.

“La complejidad del caso Neruda, como la generalidad de las causas que tenemos en el tribunal, es el tiempo transcurrido. Su muerte fue el 23 de septiembre de 1973 y ya vamos a cumplir 50 años, mientras que la investigación comenzó 40 años después. En este caso, además, hay investigación científica asociada”, dice la jueza Paola Plaza, que tendrá la misión de cerrar una causa histórica que ha concitado el interés tanto dentro o fuera de Chile. Lo hará sobre una base científica tras conocer las conclusiones del panel de expertos.

El poeta chileno murió el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de Estado militar que derrocó al Gobierno socialista de Salvador Allende. Padecía cáncer de próstata con metástasis. Pero en 2011 el Partido Comunista (PC), donde militaba el escritor, presentó una querella que cuestionó esa hipótesis luego de que Manuel Araya, quien fue su chófer, denunciara que fue envenenado con químicos por el régimen militar mientras era ingresado a la Clínica Santa María en Santiago.

La jueza Plaza recibió el caso Neruda en 2020, cuando el magistrado que lo investigó por nueve años, Mario Carroza, fue ascendido a la Corte Suprema. Fue el mismo juez que en 2013 ordenó la exhumación del cadáver del escritor desde Isla Negra, una localidad costera a 100 kilómetros de Santiago.

La ministra Plaza González revisa expedientes de la causa por la muerte de Neruda en Santiago (Chile). CRISTIAN SOTO QUIROZ

Es la tercera vez que un panel internacional de expertos apoya esta causa y, en esta ocasión, está integrado por especialistas de Canadá, México, El Salvador, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Estados Unidos. También forman parte el Ministerio del Interior chileno, que financió las pericias, el Servicio Médico Legal y los querellantes del PC. Dos abogados, Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, y Elizabeth Flores, están a cargo de la causa.

En estos años el caso Neruda ha tenido tres paneles y varios episodios. Por ejemplo, en 2017 hubo un primer hallazgo de una bacteria, estafiloco aureus. Fue el segundo grupo de expertos el que despejó las dudas, pues estableció que el origen era exógeno. Pero también hizo otro descubrimiento: la presencia de clostridium botulinum. “Cuando se estaba haciendo un análisis proteómico y genómico de distintas bacterias, apareció este hallazgo. Es por esta razón que surgió este tercer panel que se concentra en el estudio del ADN de la sustancia encontrada, pues en lo genómico quedaron interrogantes abiertas”, explica la jueza Plaza.

“No es normal que una persona tenga esta sustancia, pero esto puede deberse a muchas cosas, ser multicausal. Una de esas explicaciones es la tesis de la querella que se presentó: que se haya inoculado la sustancia para provocar la muerte. Eso es lo que el panel genómico debe dilucidar”, añade la magistrada.

El tribunal donde trabaja Plaza, la jueza que investiga las circunstancias de la muerte de Neruda en 1973, es el último bastión de la antigua justicia chilena que se reformó en 2005 y que cambió el sistema inquisitivo y secreto por uno oral en el que las indagatorias hoy están en manos de fiscales. Pero sigue vigente solo para las centenas de causas abiertas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura de Augusto Pinochet.

“Este es un tribunal de lápiz, papel, hilo y aguja”, cuenta la jueza en su oficina en el centro de Santiago. Tal cual lo señala, sobre su escritorio pueden verse varios expedientes cosidos a mano por actuarios, a la antigua usanza, y que aun juntan las hojas una por una, ordenándolas con números y letras. Todo parece a años luz de la digitalización judicial.

Plaza es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 2018. Y es parte de la nueva generación de jueces a cargo de investigar los delitos tras el Golpe de Estado, del que el 11 de septiembre de 2023 se conmemoran los 50 años. De hecho, una vez al mes exagentes de seguridad, procesados por secuestros, homicidios y torturas y que pasan de los 70 u 80 años, se reencuentran en su tribunal para firmar un libro en el que dejan constancia de que cumplen la medida cautelar de libertad bajo fianza mientras se tramitan sus casos.

Entre 2018 y 2023 Plaza ha tenido 125 causas entre sus manos y en varias ya ha condenado en primera instancia a exuniformados que, en su mayoría, fueron parte de los servicios de seguridad de la dictadura, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI). Entre las 86 que tiene en plena investigación está el caso de la muerte de Neruda, que acaba de entrar en su fase decisiva. Pero esa decisión jurídica será distinta a las que ha tomado en otras causas.

De las leyes a la ciencia

Antes de convertirse en investigadora, la jueza ganó experiencia como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Sala Penal de la Corte Suprema. En ese papel estudió cientos de expedientes de casos ya terminados, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidos en los 17 años del régimen militar, entre 1973 y 1990.

Toda esa experiencia le ayudó más tarde a reconstruir delitos perpetrados hace 40 o 50 años. Se trata de casos en los que no solo se pone a prueba la memoria, sino que debe juntar evidencia, contrastar testimonios y bucear en los expedientes de casos que ya están cerrados, pero que tienen información clave. “Eso es muy complejo. Uno generalmente tiende a pensar, erróneamente, que se está ocultando información, pero no siempre es así. Yo misma me he puesto a prueba.

Tengo 54 años y he tratado de recordar episodios de hace 30 años y es complicado”, cuenta Plaza.

Pero el caso Neruda ha sido totalmente diferente a los demás. Es el único en el que la jueza ha tenido que estudiar otras disciplinas para investigar y, próximamente, resolver. Por ejemplo, libros y papers científicos sobre genética, química, bioquímica, tecnología NGS y, sobre todo, análisis clostridium botulinum. También se ha hecho asesorar en forma permanente por un bioquímico de la Policía de Investigaciones (PDI) y un odontólogo forense del Servicio Médico Legal (SML).

Una cadena de envenenamientos

En la historia judicial chilena después del golpe de Estado se han investigado envenenamientos a opositores al régimen, pero posteriores a la muerte de Neruda. En 1976 fue el asesinado el antiguo conservador de Bienes Raíces de Santiago Renato León Zenteno, quien fue envenado con gas sarín, una causa que investigó también la jueza Plaza y en la que procesó a cuatro agentes de la DINA. Un año después, en 1977, y con el mismo método, fue cometido el homicidio de Manuel Leyton Robles, exfuncionario de la DINA.

En 1982 falleció en la Clínica Santa María el expresidente de Chile entre 1964 y 1970, el democristiano Eduardo Frei Montalva. Si bien el juez Alejandro Madrid estableció en 2019 que murió por una sustancia química, en 2021 un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, del que también fue parte la ministra Plaza, echó por tierra esa tesis. El tribunal consideró que no hubo homicidio, sino que el deceso fue “como consecuencia de complicaciones médicas”. El caso está en la Corte Suprema para su revisión.

El cuarto hecho data en 1981, ocho años después del deceso de Neruda, y del que hay avances judiciales. Esto, luego que en febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas de cinco exuniformados por el asesinato de dos presos y el homicidio frustrado de otros cinco: se les imputa haberlos envenenado con toxina botulínica mientras estaban detenidos en la antigua Cárcel Pública.

Será la jueza Plaza la que determine finalmente si la muerte de Neruda es o no parte de esta cadena o, como siempre se pensó, murió de muerte natural por su cáncer.

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