Preocupación desde organizaciones por puntos críticos en fase final del proyecto ley Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

A fines de enero se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de esta forma pasa a tercer trámite.

Sin embargo, uno de los puntos polémicos que sigue sin resolverse, es el que se refiere a las concesiones industriales extractivistas en parques nacionales, como la salmonicultura.

Diversas expresiones democráticas que promueven la sustentabilidad y conservación, esperan que se subsane esta situación en los siguientes pasos legislativos, tal cual había quedado establecido previamente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que prohibía todo tipo de concesión, salvo para fines educativos, científicos y turismo sustentable.

Sin embargo, el tema de concesiones no es el único punto crítico. Previo a la votación desarrollada en la Cámara el 25 de enero de este año, el diputado de la región de Coquimbo, Daniel Manouchehri, que, de no remediarse la situación, su resultado final podría “consagrar permanentemente a industrias como la salmonera en nuestros parques nacionales, que, además, excluye a los pueblos originarios y excluyó en su discusión a los trabajadores”.

Los puntos del proyecto ley SBAP que generan preocupación desde las organizaciones.

Lorena Arce, Codirectora del Observatorio Ciudadano y Coordinadora del Programa Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo y representante de su organización en la Mesa Ciudadana de Cambio Climático y el abogado especialista en derechos humanos y también miembro fundador del Observatorio, José Aylwin, indicaron conjuntamente al ser consultados sobre los puntos críticos: “El proyecto de ley SBAP presentado el 2014 desconocía la estrecha relación que existe entre los pueblos indígenas y la biodiversidad, así como los estándares internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas y de conservación. Así el proyecto se presentó sin ser consultado. Luego de un período de incidencia de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, el 2016, finalmente se realizó un proceso de consulta indígena el que derivó en importantes cambios en el proyecto original. Entre ellas, se abrió el espacio para el reconocimiento de “áreas de conservación indígena” (artículo 62). Más tarde se incorporan los “espacios costeros marinos de pueblos originarios” (ECMPO) en este mismo artículo, reconociendo sus importantes contribuciones a la conservación”.

Los profesionales agregaron: “Sin embargo, desde entonces los parlamentarios se han cerrado a incorporar nuevas indicaciones que permitan resolver algunos problemas que aún mantiene este proyecto de ley en la materia. Entre los más relevantes, todavía es necesario incorporar el concepto de “territorios” en el artículo referido, indicación que se ha presentado reiteradamente en las distintas comisiones y los parlamentarios no han aprobado. Esto es fundamental si se quiere tener un proyecto de ley de biodiversidad que responda a los estándares internacionales en esta materia. Sobre todo, considerando el nuevo Marco Mundial de Biodiversidad aprobado el pasado diciembre en la COP15, donde entre ha quedado explícito en la Meta 3 que los territorios indígenas y tradicionales esenciales para cumplir con los objetivos de conservación acordados.

Previo a la votación en la Cámara, Maximiliano Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos y que ha trabajado tanto en Chile como a nivel internacional, con los riesgos de que se impongan concesiones industriales en la ley, ha señalado: “Uno de los temas más importantes durante la tramitación que se ha discutido de este proyecto, es obviamente solucionar y dejar muy claro en este proyecto, que no pueden existir actividades que son incompatibles o son incongruentes con los objetivos de conservación, en los cuales las áreas por ejemplo han sido creadas, porque si buscamos la protección de esos objetivos, sean de ecosistemas, sean de características especiales que existen en estos lugares para lo cual se han creado estas protecciones, entonces no debieran existir estas actividades y es el caso muy evidente que hay que solucionar prontamente respecto de la salmonicultura la cual debe salir de todas las áreas protegidas”.

Con respecto a este nudo en dicho proyecto ley, para el diputado Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, es perentorio trabajar sobre el artículo 92 en la comisión mixta y “eliminar todo tipo de concesiones sectoriales en áreas protegidas. Por ello, conmino al Presidente de la República, Gabriel Boric, a vetar el polémico artículo para que el naciente servicio cumpla una misión real, que es resguardar las áreas protegidas”, indicó el parlamentario.

“Hacemos un emplazamiento al gobierno y un llamado al Presidente de la República a que vete este artículo para evitar que las concesiones sectoriales se lleven adelante. Aún tenemos tiempo para mejorar este proyecto de ley para que, en definitiva, se cumplan los objetivos: proteger la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país”, declaró el legislador socialista, para quien “no es posible que la industria del salmón siga funcionando en zonas protegidas en el sur del país”.

Impactos de la industria salmonera

Desde el cantón de Garabito, Puntarenas, Costa Rica, donde se desarrolló un importante  encuentro sobre Territorios de Vida en Latinoamérica, el dirigente Nelson Millatureo, de la Asociación de comunidades de territorios Williche-Chono de la Región de Aysén en La Patagonia en el Sur de Chile, reveló que la producción de salmón ha impactado “severamente” la industria pesquera local generando altos niveles de contaminación.

“Las salmoneras han llegado a nuestros territorios a contaminar una gran cantidad de recursos naturales. Por eso, estamos integrados en la Red TICCA para la defensa de nuestros espacios de vida. La industria salmonera no ha sido bien regulada por el Estado chileno que otorgó concesiones sin hacer los respectivos estudios decarga de los impactos que generan dentro de los fiordos y canales”, indicó.

También denunció que “Los desechos del salmón, que generalmente tienen antibióticos y otras sustancias peligrosas para el ambiente y las personas, se convierten en el principal daño”.

Asimismo, el dirigente de la organización Huilliche Chona, agregó: “Aparte no se pagan los impuestos correspondientes en el territorio y no se hacen cargo de los impactos que generan. No es una industria amiga con el ambiente, sino que nos enferma, por eso, exigimos al Estado de Chile que se haga responsable de cuidar estos ecosistemas de La Patagonia”, afirmó Millatureo.

La versión desde el gobierno ante el desafío Ley SBAP

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, La Jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Daniela Manuschevich,  señaló que la aprobación e implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas “permitirá contar con un organismo exclusivamente dedicado a la protección y conservación de la biodiversidad, tanto dentro de las áreas protegidas como también fuera de ellas”. Este y otros temas son abordados por la autoridad en esta entrevista con País Circular.

Con respecto al artículo del proyecto de la ley Sbap que ha generado polémica sobre concesiones privadas industriales en áreas protegidas, con respecto a la posición del ministerio en ese sentido, Daniela Manuschevich, señaló: “Lo primero es decir que estamos muy contentos de que hayamos logrado avanzar con este proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, fundamental para completar la institucionalidad ambiental. Estamos muy agradecidos del apoyo transversal de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sobre el tema de concesiones, creemos que el proyecto es aún perfectible en esta materia y esperamos poder alcanzar una solución efectiva durante la Comisión Mixta, para permitir la protección de nuestras áreas de conservación”.

También señaló: “Es importante aclarar que en tres categorías de protección incluidas en el proyecto -parques nacionales, monumentos naturales y las reservas de región virgen- está prohibida la extracción de recursos naturales y las actividades industriales de cualquier tipo. Si bien existen categorías de protección menos estrictas -como reservas nacionales, las áreas de conservación de múltiples usos, y las áreas de conservación indígena-, esperamos limitar la actividad productiva extractiva en el siguiente trámite”.

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