La ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, presentaron este jueves el proceso participativo del Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
«Miles de chilenos o chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido, y que no solo no han logrado poder hacer un entierro —una despedida, como toda persona merece o aspira—, sino que también en muchos casos tampoco conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancia ellos fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados», expresó Ríos en rueda de prensa, citada por 24Horas.
En esta primera etapa, detalló Ríos, se convocará a los familiares de las víctimas de la dictadura, por cada región.
Para esto, se usará como pilar la información que fue recogida durante los últimos 40 años por las diferentes agrupaciones de Derechos Humanos, así como los casos judiciales que se tienen presentes, sin importar si están en curso o fueron cerrados.
Cabe recordar que este plan, fue anunciado el pasado 11 de septiembre por el presidente Gabriel Boric, en el marco del aniversario 49 del golpe de Estado contra Salvador Allende.
En este sentido, la titular del Ministerio de Justicia fue consultada sobre la efectividad del plan si quienes perpetraron estos delitos de lesa humanidad no desean confesar.
Al respecto, aseveró que existen «muchas acciones pendientes que el Estado no necesariamente ha realizado de manera sistemática y organizada. Acá hay muchas instituciones que pueden colaborar, más allá que los propios perpetradores no participen».
«Tenemos deudas desde el Servicio Médico Legal, desde las instituciones donde hay terrenos fiscales, o el propio Poder Judicial», explicó la autoridad.
Puntualizó, que en las últimas décadas, se encontraron «gran cantidad de restos o de osamentas» que deben ser identificadas de forma adecuada.
En este punto, desde el Ministerio, se está trabajando para que se lleve a cabo el debido proceso.