El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó el 2 de abril que se someterá al juicio político en su contra por el presunto delito de peculado en el caso conocido como El Gran Padrino, pero no descartó utilizar el método de la «muerte cruzada» para disolver el Parlamento.
«Es mi obligación poner cara ante el pueblo ecuatoriano, yo no podría dictar la ‘muerte cruzada’ dejando la duda de qué verdaderamente habría sucedido con el juicio político, porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida», dijo al canal local Ecuavisa.
El mandatario señaló que el país merece saber la verdad de que su presidente ha actuado correctamente y tiene la entereza de mostrarle la verdad y, de una vez por todas, la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos legisladores.
Además, cuestionó que se le pretenda enjuiciar políticamente por un contrato firmado en 2018, tres años antes de que él llegara a la Presidencia, y manifestó que la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) tuvo utilidades por 180 millones de dólares en 2022.
Afirmó que esta es la cuarta ocasión en la que pretenden darle un golpe de Estado y otros cinco intentos de revocatoria de mandato en 22 meses. Además, señaló entre los conspiradores en su contra al expresidente Rafael Correa (2007-2017), al líder indígena Leónidas Iza y al líder del Partido socialcristiano, Jaime Nebot.
Tras una hora de entrevista, el presidente Lasso no descartó que pueda hacer uso de la herramienta contenida en el artículo 148 de la Constitución, que le faculta a destituir a los legisladores de sus cargos, tras lo cual el Consejo Nacional deberá convocar a elecciones generales.
«Es tan dinámica la creatividad de algunos asambleístas y de estos triunviros de la conspiración [Correa, Iza y Nebot], que de repente me hacen cambiar de opinión, todo depende», afirmó.
Lasso deberá someterse a juicio político luego que la Corte Constitucional diera paso a la solicitud de una comisión legislativa, aprobada por 104 votos de 137 legisladores.
El jefe de Estado es responsabilizado de no ordenar una investigación judicial luego de conocer dos informes que alertaban de presunta corrupción en empresas públicas y de vínculos con el narcotráfico de operadores políticos cercanos al círculo presidencial, como su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
Uno de los vinculados a este proceso, el empresario Rubén Chérrez, amigo de Carrera, fue encontrado asesinado el pasado viernes en una residencia de un balneario de la costa ecuatoriana.
Fuente Sputnik
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