El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se defendió a través de sus redes sociales de las referencias que lo implican con el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien por estos días es juzgado por una corte de Nueva York, en Estados Unidos.
«Como creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que Los Cachiros buscaron un trato con Estados Unidos por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo. Van a morir en una cárcel extranjera, si no les funciona la Llave Mágica», escribió el mandatario catracho en la red social Twitter.
Hernández agregó que «los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias. Los narcos dan su «palabra jurada» que por 25.000 dólares (…) compraron la impunidad total», pero que a diez días de su elección «Los Cachiros decidieron abandonar su imperio de mil millones de dólares y negociar su rendición a Estados Unidos».
Los Cachiros es una organización criminal hondureña dedicada al narcotráfico, fundada a comienzos de la década de los años 90 por un grupo de ganaderos en los departamentos de Colón (norte) y Olancho (este).
Un exjefe del cartel, Leonel Rivera, testificó el miércoles en el juicio contra Fuentes Ramírez, un proceso que relaciona al acusado con el mandatario hondureño.
El diario local El Mundo reseñó que en medio de ese panorama judicial Hernández argumentó que mantendrá la alianza internacional en la lucha anti narcotráfico hasta el último día de su mandato.Pero al mismo tiempo advirtió que si los narcotraficantes buscan ganar beneficios de Estados Unidos con falsos testimonios, esa alianza colapsaría en Honduras y en otros países.
En la corte del Distrito Sur de Nueva York que juzga a Fuentes Ramírez los fiscales mencionaron en varias ocasiones que el acusado sobornó con 25.000 dólares al presidente de Honduras, a quien los documentos judiciales identifican como CC-4 (co-conspirador 4), a cambio de un permiso para el tráfico de drogas.
El 23 de febrero el congresista demócrata Jeff Merkley (por Oregón) presentó al Senado de Estados Unidos una iniciativa de ley que buscaría aislar a Hernández por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y el mal manejo de la pandemia de COVID-19.
«Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la profundamente alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño», expuso entonces el legislador demócrata a través de un comunicado.
Advirtió además que si no hace que Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la Policía y el Ejército de Honduras rindan cuentas por estos delitos, «se alimentará la pobreza y la violencia generalizadas, y se obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad.
«En recientes declaraciones la diputada hondureña Olivia Zúñiga recordó que desde los sectores sociales y el Partido Libre (izquierda, oposición) siempre han denunciado el vínculo con el narcotráfico de Hernández y se lo han dicho directamente «cara a cara», cuando hace dos años la legisladora se enfrentó a él.
Por su parte, la hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada por sicarios el 2 de marzo de 2016, denunció que «el pueblo hondureño siempre ha estado denunciando el vínculo de la familia Hernández Alvarado con el narcotráfico».
En ese sentido añadió que han vivido la violencia «que se recrudeció cuando Juan Orlando toma el poder. Desde que él era presidente del Congreso Nacional (parlamento unicameral) fue parte de una estructura criminal que conspiró para que en Honduras se deterioraran las condiciones democráticas».
Cortesía de Sputnik
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