El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a la unidad nacional al refirirse como un acto de agresión contra su país a la reactivación del diferendo territorial con Colombia, que tendrá un nuevo capítulo a partir del 20 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«El país sometido a una agresión, ahí están los del gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya CIJ se pronunció», dijo el mandatario al contextualizar el último episodio del histórico diferendo territorial entre ambos países con costas en el mar Caribe.
La CIJ se pronunció sobre esa delimitación que por la fuerza imponía Colombia a Nicaragua y determinó que el territorio (marítimo) en disputa le correspondía al país centroamericano, y ahora quieren revertirla, recordó Ortega al hablar en una ceremonia por el aniversario 37 de la creación de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, una división de tropas élites e la Policía Nacional.
«Debemos estar unidos todos los nicaragüenses», convocó el jefe de Estado y se hizo la pregunta retórica de quienes dentro de Nicaragua estarán a favor de la posición colombiana de desconocer el fallo de la Corte y se respondió: «los vendepatria, los traidores, los terroristas y los sotanudos (cúpula de la Iglesia Católica)».
Mientras el gobierno de Colombia está hablando abiertamente (del tema) en los medios no escuchamos a ningún sotanudo (…) hablar de patria ni de la seguridad de Nicaragua, amenazada
Las relaciones del gobierno de Ortega con la jerarquía de la Iglesia Católica nacional son extremadamente tirantes desde que ese sector apoyó de manera abierta lo que el ejecutivo consideró un fallido intento de golpe de Estado entre abril y julio de 2018, en el cual los prelados jugaron un papel protagónico y confrontativo.
El fallo de la CIJ en la ciudad de La Haya (Países Bajos), el 19 de noviembre de 2012, le reconoció a Nicaragua soberanía y derechos marítimos sobre aguas hasta las 200 millas náuticas contadas desde sus costas (casi 100.000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima y zona económica exclusiva).
A la vez la decisión judicial confirmaba la soberanía de Colombia sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, próximas a sus territorios insulares de San Andrés y Providencia.
Aunque lo reconoció en su momento, Colombia defiende la tesis de que el fallo de 2012 es inaplicable por razones jurídicas, pues su Constitución establece que los límites territoriales solo pueden darse mediante tratados (bilaterales).
La argumentación del gobierno de Nicaragua expone que Colombia desacató sus derechos al crearse la llamada zona contigua integral y además que la Armada del país suramericano no le permite a sus pescadores navegar libremente.
También que la otra parte realiza sobrevuelos y monitorea el mar en disputa, razón por la cual presentó más de 40 incidentes diplomáticos con argumentaciones sobre violación de su soberanía.
Cortesía de Sputnik
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