El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo Vela, reconoció este lunes que en la nación andina «se está judicializando la política», y viceversa, aunque no mencionó ningún caso en particular.
Durante una entrevista con el diario local Expreso, Arévalo Vela abogaba porque los ciudadanos «no abusen del uso del servicio judicial» y, en ese momento, se refirió al llamado ‘lawfare’ (persecución judicial).
«En este país se está politizando la Justicia y se está judicializando la política. Hay temas que no deberían ser llevados al Poder Judicial, porque cuando esos temas llegan acá, tienen un resultado y ese resultado es publicitado de una manera negativa por quien perdió el caso. Y eso influye en la opinión ciudadana», dijo.
Preguntado sobre la «carga procesal» que afronta Perú, el juez supremo afirmó que es un tema que no se puede solucionar de inmediato. «Se puede atender de dos maneras, creando más órganos jurisdiccionales y reduciendo la litigiosidad«, agregó.
Empleo de la prisión preventiva
Arévalo Vela, quien también preside la Corte Suprema de Perú, manifestó que «la prisión preventiva debería ser lo último a lo que se recurra».
Especialistas han criticado la cantidad de personas que cumplen pena de prisión preventiva, una medida cautelar que en los últimos años ha aumentado, específicamente contra los políticos acusados de corrupción.
«En general los penales están saturados», aseguró Arévalo Vela, y propuso que se busque «alguna medida» para que las cárceles no estén sobrepobladas y que queden en los centros penitenciarios «los verdaderos elementos peligrosos».
En el país suramericano hay 91.940 personas en las cárceles, según se desprende del último informe del Sistema de Información Estadístico Penitenciario, con datos actualizados hasta mayo de 2023. Es decir, la sobrepoblación penitenciaria supera el 120 % y el hacinamiento el 100 %.
Corrupción en los juzgados
«La corrupción es otro de los problemas que aqueja al país y el Poder Judicial no es ajeno a ello«, confesó el juez supremo sin ofrecer mayores detalles.
Señaló que han tomado medidas para reducirlo, como la destitución de al menos 27 jueces de paz y de 35 auxiliares jurisdiccionales. Además, han penalizado con la suspensión a 37 magistrados, entre otras acciones.
«Es decir, este tema que en cifras no resulta aparentemente importante, sí es importante porque estamos impulsando la sanción de estos casos. Lo que sucede es que en el caso de los jueces, de juez de paz letrado hacia arriba, quien impone la sanción, es la Junta Nacional de Justicia», cerró.
Fuente RT
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