El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tiene previsto que se ejecute en el mes de agosto.
En este sentido, el secretario de Estado planteó que si bien no hay un plazo o meta en el tiempo para obtener resultados, esta medida debe ser considerada «una política pública».
Es «una política pública, para que no descanse en los hombros de los familiares, sino que se transforme en una obligación y esfuerzo permanente del Estado, y que el Estado acompañe hasta que se agote el último esfuerzo por parte de éste», expresó Cordero, en entrevista con el medio alemán Deutsche Welle, citado por Cooperativa.
«Esto supone generar mecanismos de doble vía. Es decir, desde la vía judicial a la política de PNB y viceversa. El Presidente Boric espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada», añadió.
Para el ministro de Justicia, el reto del Ejecutivo será la recopilación y sistematización de toda la información disponible durante la dictadura militar de Pinochet.
Esto se debe – indicó – a que en «Chile jamás ha reunido toda esa información en un solo lugar»
Después de llevar a cabo esta recopilación de esos documentos, se puede establecer parámetros y estándares de operación.
«A partir de esos antecedentes, más otros nuevos que se puedan recopilar, (se logre) establecer parámetros y estándares de operación de los crímenes durante la dictadura», y resaltó la importancia de aquellas pericias que contienen «testimonios, antecedentes y localizaciones», puntualizó.
Cabe recordar que este plan, fue anunciado el pasado 11 de septiembre por el presidente Gabriel Boric, en el marco del aniversario 49 del golpe de Estado contra Salvador Allende.
En esta primera etapa, se convocó a los familiares de las víctimas de la dictadura, por cada región.
Para esto, se usará como pilar la información que fue recogida durante los últimos 40 años por las diferentes agrupaciones de Derechos Humanos, así como los casos judiciales que se tienen presentes, sin importar si están en curso o fueron cerrados.
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