Prófuga de la justicia: Ex jefa de división de Gore Araucanía (RN) sigue sin ser ubicada

Caso Manicure – GORE Araucanía: Susan Alarcón sigue prófuga mientras Fiscalía avanza en nuevas formalizaciones

La exjefa de División del Gobierno Regional de La Araucanía (GORE), Susan Alarcón Rubilar, permanece prófuga de la justicia tras la orden de su reingreso a prisión preventiva.

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario de la exfuncionaria, militante de Renovación Nacional, en el marco del Caso Manicure, un entramado de corrupción que ha sacudido la región, con dineros que debían cumplir funciones sociales en apoyo a múltiples familias necesitadas.

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Según Radio Biobío, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público llevan días de diligencias sin éxito para dar con su paradero, que involucra el denominado  Caso Manicure, que investiga el desvío de $730 millones asignados a fundaciones, implica además involucra a figuras como Juan Pablo Leonelli (Ex Jefe de Gabinete del actual Gobernador de Chile Vamos, Luciano Rivas) y a Mauricio Ojeda, actual diputado desaforado (elegido independiente con cupo de Republicanos), quienes enfrentan sendos procesos judiciales.

Según las versiones de prensa, la fiscal Daniela San Martín justificó la prisión preventiva de Alarcón como una medida clave para evitar riesgos de fuga y garantizar la investigación. La Corte también fijó para diciembre nuevas audiencias donde se formalizarán a Lucila Loaiza Sanhueza, Camila Poff Oliva y Cristianne Siebert Scheel.

En este contexto, Radio Biobío informó que Susan Alarcón incumplió la orden judicial que requería su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco. El defensor penal público Renato González Caro, encargado de la defensa de Alarcón, no entregó declaraciones.

El Caso Manicure también se enlaza con la arista del caso Convenios, donde se investigan traspasos de recursos desde el GORE a fundaciones como Folab y Educc para proyectos de capacitación. Este proceso destapó un esquema de fraude al fisco y cohecho que, según SURIFORMADO.CL, marca «un punto crítico en la lucha contra la corrupción en el sector público».

En el ámbito judicial, se han ordenado medidas estrictas contra los imputados. «Es un caso que afecta profundamente la confianza pública en nuestras instituciones», señaló un portavoz de la Fiscalía Regional. La comunidad ha expresado preocupación por el impacto de estos hechos en una zona ya marcada por tensiones sociales y políticas.

El próximo 10 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Temuco determinará el futuro de otros implicados, incluyendo a Lucila Loaiza Sanhueza, quien será formalizada por cohecho. Mientras tanto, las investigaciones sobre el destino de los $730 millones avanzan, con la Fiscalía buscando establecer responsabilidades claras y asegurar que los culpables enfrenten la justicia.