Qatar: Seis cosas que debes saber sobre los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2022

Con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar el 20 de noviembre, este Estado del golfo Pérsico acaparará la atención mundial.

La difícil situación de las personas migrantes que trabajan en Qatar ha sido objeto de amplia difusión desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del campeonato a este país.

Las personas migrantes y las trabajadoras y trabajadores domésticos siguen sufriendo diversos abusos, como robos de salario, trabajo forzoso y explotación.

Pero el trato que reciben los trabajadores y trabajadoras migrantes sólo es una de las violaciones de derechos humanos que conforman el inquietante historial de derechos humanos de este Estado.

Las autoridades de Qatar reprimen la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación; los juicios sin garantías siguen siendo preocupantes; las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica; y las leyes siguen discriminando a las personas LGBT.

He aquí seis cosas que tienes que saber, información investigada por Amnistía internacional..

1. Libertad de expresión y libertad de prensa

Las autoridades qataríes usan leyes abusivas para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos y ciudadanas qataríes o trabajadores y trabajadoras migrantes. Amnistía Internacional ha documentado casos de personas de nacionalidad qatarí que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al gobierno, y condenadas después de juicios injustos sobre la base de confesiones obtenidas mediante coacción. En este tiempo, Malcolm Bidali, de nacionalidad keniana, guardia de seguridad, bloguero y activista de los derechos de las personas migrantes, fue objeto de desaparición forzada y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante un mes por poner de manifiesto la difícil situación de la población trabajadora migrante.

En Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos. Las autoridades del país limitan la libertad de prensa imponiendo restricciones a los operadores de medios de comunicación, entre ellas prohibir filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y viviendas privadas.

2. Libertad de asociación y de reunión

Los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En cambio, se les permite formar comités conjuntos, una iniciativa dirigida por los empleadores para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hasta la fecha esta iniciativa no es de obligado cumplimiento y sólo cubre al 2% de la población trabajadora, cifra que dista mucho de hacer efectivo el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse a ellos.

Tanto las personas de nacionalidad qatarí como los trabajadores y trabajadoras migrantes sufren consecuencias por ejercer su derecho de reunión pacífica. Por ejemplo, en agosto de 2022, cientos de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados por las autoridades estatales tras protestar en las calles de Doha por los reiterados impagos de salarios de su empresa.

3. Juicios injustos

Los juicios justos distan mucho de estar garantizados en Qatar. En los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha documentado casos de juicios sin garantías en los que nunca se investigaron las denuncias de tortura y malos tratos de las personas encausadas, y se impusieron condenas sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante coacción. En muchos casos, las personas acusadas habían sido interrogadas mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados o intérpretes.

Por ejemplo, Abdullah Ibhais, de nacionalidad jordana, está cumpliendo una condena de tres años de prisión tras un juicio injusto en Qatar, fundamentado en una “confesión” que, según él, se obtuvo mediante coacción.

4. Derechos de las mujeres

Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica en Qatar. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón —por lo general, su esposo, padre, hermano, abuelo o tío— para contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países (si tienen menos de 25 años), y acceder a atención de la salud reproductiva.

El derecho de familia discrimina a las mujeres, que tienen más dificultades para acceder al divorcio y desventajas económicas más graves si lo hacen, en comparación con los hombres. Las mujeres también siguen sin tener protección adecuada contra la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual

5. Derechos de las personas LGBT

Las leyes qataríes discriminan a las personas LGBT. El artículo 296.3 del Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y establece posibles penas de cárcel para toda persona que “impulse o induzca o incite a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o licencioso”. De igual modo, el 296.4 establece sanciones para toda persona que “induzca o incite a un hombre o una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o que sean ilegítimos”.

En octubre de 2022, organizaciones de derechos humanos documentaron casos en los que las fuerzas de seguridad habían detenido a personas LGBT en lugares públicos —basándose únicamente en su expresión de género— y registrado sus teléfonos. También dijeron que las mujeres transgénero detenidas tenían la obligación de asistir a sesiones de terapia de conversión como requisito para ser puestas en libertad.

6. Derechos laborales

A pesar de las iniciativas del gobierno para reformar el sistema laboral de Qatar, los abusos continúan en todo el país. Aunque las condiciones han mejorado en algunos casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia, mientras que las muertes de miles de trabajadores siguen sin investigarse. Aunque un fondo ha comenzado a pagar cantidades considerables a trabajadores a los que se han robado salarios, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes siguen sin recibir indemnización por los abusos laborales que han sufrido en los últimos 10 años.

El trabajo forzoso y otras formas de abusos continúan, especialmente en el sector de la seguridad privada y en el caso de los trabajadores y trabajadoras domésticos, en su mayoría mujeres. El pago de exorbitantes comisiones de contratación para conseguir empleo sigue siendo generalizado, con cantidades que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares estadounidenses. Muchas personas necesitan meses o incluso años para pagar la deuda, lo que provoca que se vean atrapadas en un círculo vicioso de explotación.

Con información de Amnistía Internacional