Una semana ha pasado desde que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó la solicitud para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la política de farmacias populares, y las opiniones al interior del oficialismo se mantienen divididas.
Mientras que desde el Frente Amplio y el Socialismo Democrático han sido duros al condenar los eventuales hechos de corrupción que imputa la fiscalía -llegando al punto de sugerir al Partido Comunista suspender la militancia de Jadue-, desde la tienda liderada por Lautaro Carmona optaron por respaldar al edil y aseguraron tener «la convicción de que es inocente».
Sin embargo, existen otros al interior del PC -entre ellos el mismo Jadue- que han levantado la tesis de que la investigación en su contra se trataría de un lawfare, es decir, una «guerra judicial» que tendría por objetivo quitarlo del camino y evitar que presente una eventual candidatura presidencial en el futuro.
¿Qué es el lawfare?
La utilización del concepto de lawfare es reciente en el análisis político latinoamericano y hace referencia a la intromisión del Poder Judicial en la política institucional para truncar la carrera de un líder opositor.
Algunos casos en que popularizaron este concepto fueron la condena contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien fue inhabilitado de ocupar cargos públicos luego de que la justicia estimara que «influyó psíquicamente» en funcionarios del Estado para que éstos aceptaran coimas.
También fue paradigmático el juicio contra Lula da Silva en Brasil, quien pasó 580 días en la cárcel por los presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero antes de ser exonerado por el Supremo Tribunal Federal.
En aquel entonces, el juez José Antonio Dias Toffoli tildó de «ilegales y heterodoxas» las pruebas utilizadas contra Lula y aseguró que su rápido encarcelamiento respondió a «un proyecto de ciertos agentes públicos para llegar al poder por medios ilegales».
El caso de Jadue
Tras el anuncio de que Daniel Jadue sería formalizado por corrupción, la diputada Carmen Hertz fue la primera autoridad en acusar un intento de lawfare en contra del edil, asegurando que se buscaba «desprestigiar y desacretar» su figura:
«Mi solidaridad con el alcalde Daniel Jadue, objetivo de una campaña brutal de lawfare dirigido a desprestigiarlo y desacreditarlo, con la colusión de los medios de comunicación. ¡No lo lograrán! La fiscalía debería investigar las conexiones de su jefe con la trama de corrupción del caso Hermosilla, hoy curiosamente silenciado en todos los medios noticiosos», escribió la parlamentaria a través de Twitter.
El exdiputado Hugo Gutiérrez también se sumó a las acusaciones de persecución judicial contra el edil de Recoleta, publicando en sus redes sociales un video explicando el concepto de lawfare:
«Comparto este excelente video que explica la persecución y montaje judicial en contra de Daniel Jadue. Lawfare. Guerra mediática y judicial en contra de líderes progresistas y de izquierda.», escribió.
En la misma línea, Jadue arremetió contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, a quien acusó de ser cercano al Frente Amplio y liderar un intento de quitarlo de la carrera presidencial:
«No nos han podido ganar en las ideas, ni en los programas de gobierno, ni en las acciones, ni en las políticas públicas, por lo tanto, nos quieren sacar de carrera, pensando en el futuro, por la vía administrativa», denunció el edil en el programa “Sin Maquillaje”.
«¿Podrá haber un intento de mantenerme inhabilitado la mayor cantidad de tiempo de hacerme tanto daño, como para que no podamos levantar, por ejemplo, levantar una nueva candidatura? Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado», agregó.