¿Quién controla a las salmoneras? Contraloría detecta falta de fiscalización y descoordinación entre organismos

Contraloría ordena sumario por falta de fiscalización y falencia en caso de caducidades  de centros de cultivos de salmones

La Contraloría General de la República (CGR) reveló serias deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones que han estado inactivos, sin que se haya determinado si corresponde la caducidad de sus concesiones, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

En su informe final N°9 de 2024, que abarcó el periodo entre enero de 2020 y abril de 2023, la CGR subrayó la falta de control por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la ausencia de una comunicación adecuada con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, entidad responsable de declarar la caducidad.

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El informe destaca que “SERNAPESCA no informó sobre estas situaciones a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”, lo que evidencia una falta de coordinación que ha impedido la toma de acciones correctivas. Esta situación es particularmente preocupante, ya que la Subsecretaría mantiene pendientes 79 procesos vinculados a centros de cultivo desde 2016, los cuales podrían haber incurrido en causales de caducidad por no operación.

La auditoría también detectó que, en 36 centros de cultivo adicionales, los procedimientos de caducidad por incumplimiento de requisitos legales excedieron el plazo máximo de seis meses establecido para la tramitación de estos procesos administrativos. “Se ha excedido el plazo máximo de tramitación”, subraya el documento, lo que pone en evidencia la ineficiencia en la gestión de estos casos.

Otro hallazgo preocupante fue la falta de respuesta de SERNAPESCA a la denuncia de la Fundación Terram, la cual fue remitida por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en junio de 2022. La denuncia solicitaba una evaluación de los centros de cultivo ante una posible caducidad por inactividad, afectando a 646 centros en las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. Según el informe, “el requerimiento fue reiterado en noviembre de 2023, sin que SERNAPESCA haya tomado acciones”.

Ante estos hechos, la Contraloría ha instruido tanto a SERNAPESCA como a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que inicien un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Este sumario busca esclarecer por qué no se han aplicado las medidas correspondientes y cuáles son las consecuencias de esta falta de acción en la fiscalización de los centros de cultivo.

La situación descrita por la CGR refleja una preocupante falta de control en la fiscalización de los centros de cultivo inactivos, lo que podría tener serias implicancias para la gestión de recursos acuícolas y la protección del medio ambiente.

Caso Caducidades

Desde el 2023, diversas organizaciones y comunidades costeras vienen denunciando el denominado caso “Caducidades” que involucra a diversos centros de cultivos de la industria salmonera. L

Durante el año pasado,  el Consejo regional de Los Lagos, Comisión del Medio ambiente, luego que obtuviera desde Sernapesca, información sobre concesiones otorgadas a empresas salmoneras que se encuentren en calidad de caducadas, se señaló en la ocasión que existirían unas 400 concesiones acuícolas en el sur de Chile (Los Lagos, Aysén y Magallanes) que estarían en causal de caducidad.

Ante esto, diversas organizaciones del sur de Chile, así como parlamentarios y desde el propio Core de Los Lagos, han requerido formalmente a la  Subsecretaría de Fuerzas Armadas, un informe oficial al respecto y a su vez, cumplir con la ley y se declare oficialmente la caducidad, para que dichos espacios marinos, cumplan una función a favor de las comunidades costeras.

Según lo que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, constituyen causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura “no iniciar operaciones en el centro de cultivo dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión o autorización; o paralizar actividades por más de dos años consecutivos”.

“Las concesiones en cuestión, en su mayoría, pertenecen a empresas: Mowi, Salmones Humboldt, Ventisqueros, Aquachile, Cermaq, Salmoconcesiones, Salmones Tecmar, Yadran, Trusal y Multiexport”, denunciaban en julio, 33 organizaciones, en su mayoría de la Patagonia.

Las organizaciones también señalaron: “La industria salmonera no puede seguir operando fuera de la ley, seguir contaminando y destruyendo los ecosistemas marinos de Chile de la manera que lo ha hecho los últimos 40 años, ni menos contar con el aval del Estado”.

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