El llamado Consejo Marítimo Nacional
Un reciente artículo del medio Interferencia informó sobre la creación del Consejo Marítimo Nacional por parte de representantes laborales y gremiales de lo que han denominado “Comunidad Marítima Nacional”, abarcando sectores como la pesca, la mercante, la salmonicultura y los puertos.
De acuerdo a la publicación, la organización surge en respuesta a cambios legislativos que, según ellos, ponen en riesgo inversiones y empleos en estas industrias, criticando la falta de consulta previa en dichas modificaciones. El Consejo, según la publicación, afirma representar a aproximadamente 200,000 personas involucradas “directa e indirectamente en la actividad marítima nacional”, enfatizando la importancia de ser escuchados en las decisiones que afectan al sector.
El Consejo Marítimo Nacional llamó al Estado y a todos los sectores a reconocer la relevancia de las actividades marítimas y a establecer regulaciones que permitan un crecimiento justo y sostenido para todos los trabajadores del mar. Critican las restricciones impuestas por áreas protegidas y santuarios, que consideran excluyen extensos territorios de la actividad pesquera y portuaria.
Sostiene este nuevo conglomerado: ““Declaramos además que estamos absolutamente de acuerdo a mejorar y/o actualizar las actuales normativas, pero no estamos de acuerdo en la idea refundacional que se plantea al País Marítimo que somos y que debemos cuidar, mantener y fortalecer por el bien de todos los chilenos y chilenas”.
Salmoneros contra la ley lafkenche
Otro foco de conflicto levantado por sectores salmoneros, es la arremetida contra la llamada “Ley Lafkenche”, (Ley de espacios costeros de PPOO), única ley que reconoce en chile a pueblos originarios y sus derechos consuetudinarios en espacios costeros marinos, bajo una administración colectiva con diversos actores de borde costero, sin embargo, la industria salmonera tiene intereses en estos espacios y lleva adelante una fuerte ofensiva.
Como parte de las diversas aristas que han desplegado, incluyendo los bloqueos al reconocimiento de Espacios Costeros Marinos por parte de las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC) en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, la Multisindical de Trabajadores del Salmón organiza un conversatorio en Tomé para discutir las implicaciones de esta ley y de la Ley de Acuicultura, buscando influir en las propuestas de modificación de ambas normativas”, según publicó Aqua.cl.
Consejo Marítimo Nacional ¿Un nuevo golpe de la industria pesquera y salmonera?
La campaña ciudadana “Áreas Protegidas Sin Salmoneras” ha publicado frente a este nueva afrenta: “Pesqueras , salmoneras , portuarios , sindicatos de sus trabajadores unidos observan con preocupación “la enorme extensión de territorio que está siendo excluida del desarrollo de la actividad pesquera por las denominaciones de reservas, santuarios y áreas protegidas”, lo que a su juicio atentaría contra la inversión privada y pública (…) Los mismos de la ley Longueira , de las campañas del terror por acaparar más Mar , las 7 familias , se unen para seguir explotando, depredando lo poco que va quedando. Se autodenominan “Consejo marítimo nacional. Nosotros creemos son “Consejo para el saqueo del mar” .
También señaló: “Los industriales Salmoneros se unieron a las 7 familias de la corrupta #leydepesca y los portuarios para crear un consejo marítimo nacional (…) Están preocupados por “la enorme extensión de territorio que está siendo excluida del desarrollo de la actividad pesquera por las denominaciones de reservas, santuarios y áreas protegidas”, lo que a su juicio atentaría contra la inversión privada y pública (…) La realidad es que “están preocupados porque tienen agotadas y sobre explotadas las pesquerías, destruidos los ecosistemas marinos, entonces necesitan nuevas zonas donde seguir la explotación y saqueo del mar”.
Por su parte, la campaña “Yo Pesco”, publicó: “Pesqueras pautearon a parlamentarios para que en la Ley se escribieran artículos a su conveniencia otorgándoles cuotas que no pueden pescar, y permisos de pesca por 20 años renovables a perpetuidad para controlar el sector a costa de la pesca artesanal y de la ciudadanía”.