El diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, se refirió este miércoles a la acusación constitucional que el Partido Republicano prevé presentar el próximo lunes en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Esto, por su presunta responsabilidad política en las irregularidades en los traspasos entre reparticiones públicas y fundaciones privadas, en el marco del denominado Caso Convenios.
Entrevistado en el programa Mañana Será Otro Día, del portal Concierto, sobre su postura respecto a la acusación constitucional contra el ministro Jackson, el diputado Soto señaló que «no hay antecedentes suficientes».
«Una cosa es pedir la renuncia de un ministro y otra cosa es una acusación constitucional que tiene un carácter jurídico con mayores consecuencias, como su inhabilidad futura a cargos públicos», agregó el parlamentario.
En este sentido, fue enfático al señalar que hoy por hoy, «no estoy por apoyar una acusación constitucional», no obstante, afirmó que su decisión sobre la AC no responde a que -según el propio parlamentario- no exista una responsabilidad política.
Durante la entrevista, el parlamentario manifestó que los hechos que se han registrado en las últimas semanas — especialmente con el caso Convenios y los robos a sedes institucionales— está siendo usado por la oposición para frenar la agenda de Gobierno.
«La oposición ha sido tremendamente mezquina e irresponsable. Están usando la contingencia política del país para trabar la agenda de gobierno y echar abajo las reformas», señaló el diputado.
Pese a esto, afirmó que ha existido poca flexibilidad por parte del Gobierno «para avanzar hacia acuerdos».
De igual forma, indicó que «ha habido lentitud en la toma de decisiones» por parte del Gobierno en la toma de decisiones sobre estos casos.
«Lo primero es asumir que hay una crisis política en el seno del Gobierno, una crisis grave y profunda. Se requiere actuar en consecuencia y tomar decisiones drásticas; lo peor en medio de una crisis es mirar hacia el techo y no tomar decisiones», reflexionó Soto, citado por ADN.
Cabe recordar que la anterior acusación, que se votó el pasado 19 de enero y que también fue impulsado por los republicanos, fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Esta nueva acusación constitucional es la quinta que presenta la oposición contra un ministro del gabinete del presidente Boric.
Raúl Soto y la Comisión Investigadora del Caso Convenios
Por otra parte, en entrevista a La Prueba de ADN, el diputado fue consultado por la Comisión Investigadora de la Cámara que lleva a cabo el Caso Convenio.
Al respecto, manifestó que se está trabajando en diferentes aristas, especialmente aquellas que llevaron a cabo la transferencias de dinero.
«La pregunta es qué hubiera pasado si todos estos casos no salen a la luz pública; probablemente los hechos hubieran continuado en lo que quedan de este año o hubieran profundizado el próximo», cuestionó.
La Comisión —manifestó Soto— se está enfocando también en corregir todas las acciones que llevaron a que se generara estos traspasos de dinero, por lo que espera que se diseñen propuestas para que «la regulación sea modernizada» y así impedir que «se vuelva a abrir en el futuro un forado al fisco, como se está haciendo por parte de una tropa de delincuentes que se aprovecharon de puestos en el Gobiernos, o de vínculos con personas en el Gobierno».
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