Rechazan amparos presentados por excomandantes en jefe del Ejército involucrados en el Milicogate

La Corte Marcial rechazó los recursos de amparo presentados por los excomandantes en jefe del Ejército; Juan Miguel Fuente-Alba, Oscar Izurieta y Juan Emilio Cheyre, quienes solicitaron la libertad bajo fianza.

Cabe recordar que Cheyre, fue procesado hace poco más de una semana por malversación de caudales públicos, por una cifra cercana a los 130 millones de pesos.

La respuesta a los recursos presentados por la defensa de los tres militares habría incluido entre sus argumentos, que, «la defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», cita Resumen.

Para la ministra en visita, Romy Rutherford – quien está encargada de la causa del «Fraude en el Ejército» -, los militares habrían concertado dicha malversación, y aseveró que «al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido».

Cabe recordar que, a los tres militares se les ordenó embargos por montos desde los 55 a 140 millones de pesos, mientras que Cheyre, se encuentra bajo la cautelar de prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Cheyre, además, ya enfrentó a los tribunales en 2018, siendo condenado por el delito de encubrimiento de 15 asesinatos en La Serena, durante el paso de la Caravana de la Muerte, en 1973.

En este caso, el exmilitar fue condenado con una pena de tres años de libertador vigilada.