Reducir las exigencias medioambientales y facilitar permisos de urbanización: Las polémicas propuestas del «Plan Piñera» para la reconstrucción de los incendios forestales

Fue cerca de las 10:00 horas de este miércoles que un grupo de colaboradores del expresidente Sebastián Piñera llegó al palacio de La Moneda para hacer entrega del denominado «Plan Piñera», un documento de 45 páginas con lineamientos para enfrentar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales.

Según señalaron desde el círculo íntimo de Piñera, se trata de una estrategia en la que el exmandatario había estado trabajando los días previos a su muerte producto de un accidente aéreo en el Lago Ranco. «Debemos coordinarnos para concretar nuestra colaboración», habría sido el último mensaje enviado por Piñera al equipo conformado por 12 excolaboradores de su gobierno.

En dicho documento, que puedes leer aquí, se señala que la estrategia busca entregar medidas «para concretar el proceso de reconstrucción de barrios y viviendas. Además, se precisan los focos de intervención, los programas públicos que podrían aplicarse, los proyectos de inversión y una
estimación de sus costos a nivel de perfil».

En concreto, la propuesta tiene un costo total de US$ 742 millones y se estima un lapso de cuatro años para su ejecución. También se espera concretar la reconstrucción de 7.100 viviendas dañadas y la revitalización de 27 barrios que se encontraban en situación de campamentos.

La inversión se distribuye de la siguiente manera: el 45% para nuevas viviendas, el 38% para radicación, el 9% para reconstrucción, el 5% para relocalización y el 4% para obras de confianza.

Estas son algunas de las propuestas que contiene el plan de reconstrucción:

• Emergencia, contención y propiedad del suelo: «Contempla un despliegue rápido para resolver necesidades básicas, contener y apoyar a familias y clarificar la situación de propiedad de los terrenos».
• Radicación de campamentos a nuevos barrios manteniendo su ubicación actual: Se refiere a «obras de urbanización, viviendas y servicios de salud y educación primaria».
• Relocalización de asentamientos en zonas de riesgo: Este procedimiento implicaría relocalización de 677 viviendas emplazadas en aproximadamente 50 hectáreas. La medida comenzaría con la inscripción de hogares y con el registro social de hogares para acreditar el porcentaje de vulnerabilidad. Luego de eso, se haría un asesoramiento para la postulación «a programas de vivienda de forma individual o por comités».
• Reconstrucción en sitio propio: Este punto se centra en barrios consolidados, con urbanización y donde los damnificados son propietarios o arriendan. Según el informe, estos barrios concentran el 55% del daño siendo el área más afectada. Para esto, la estrategia propone trabajar en la reparación de «pavimentos, escaleras o luminarias dañadas, así como escuelas o sedes sociales».
• Nuevas viviendas: Se propone «reforzar el rol de Serviu como entidad patrocinante, aplicando subsidios innominados para licitar diseño y construcción de obras de urbanización y loteo, junto a las viviendas».
• Prevención: En este punto se contempla la ejecución de obras «para reducir el riesgo y la exposición de la población ante futuros incendios, mediante vialidad, estanques y bases de brigadas permanentes de Conaf».
• Obras de Confianza: En esta arista «se identifican terrenos y proyectos que podrían entregar resultados en plazos breves, para dar señales de avance a la comunidad afectada».

Reducir la burocracia del Estado

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta apunta a reducir la denominada burocracia del Estado, la cual se califica como «una enorme amenaza» que puede retrasar las soluciones y agravar la vulnerabilidad de las familias.

Para evitar esto, el informe señala que se deben utilizar las atribuciones que entrega el Estado de Catástrofe «para reducir o eliminar trámites y obtener permisos de urbanización, obra nueva o ampliación».

También se menciona como un aspecto «fundamental» simplificar evaluaciones ambientales y sociales y realizarlos «sobre el plan general y no sobre proyectos específicos», así como simplificar la regularización de los títulos de dominio.

Puedes leer el documento completo en este link.