El pasado viernes 21 de mayo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, reformó en videoconferencia abierta los lineamientos para la realización de debates públicos entre candidaturas a diversos cargos de elección popular.
Las reformas promovidas adhirieron términos a impactar sobre los rubros de Paridad de Género y Prevención de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, ahora afianzadas entre las llamadas «medidas de sanidad» prescritas para la instrumentación y conducción de los debates a lo largo de los procesos electorales.
Los casos no previstos deberán ser resueltos por el Consejo General en torno a las incidencias acaecidas en debates entre cargos de elección popular.
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Esta medida cobra singular relevancia ante la multiplicación de casos de violencia de género en el estado, tales como el caso de Inés Saturnino López Ponce, promovido como candidato a alcalde de Tecamachalco por dos partidos políticos a pesar de contarse con pruebas contundentes de violencia de género en contra de dos regidoras de su administración, siendo este uno entre diversos ejemplos que hacen de la contienda electoral un ecosistema adverso a la participación de la mujer en la vida democrática del estado de Puebla.
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