La Unión Europea debe aprovechar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y cambiar su modelo de gobernanza socio-económica para erradicar la pobreza, que es un compromiso que de momento dista de ser cumplido, declaró el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver De Schutter.
«La crisis actual es la oportunidad para que Europa se reinvente situando la justicia social en el centro. El Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que debería incluir la Garantía Infantil y una propuesta para asegurar sistemas de ingresos mínimos adecuados en toda la UE, es una oportunidad que no debe ser desperdiciada», dijo, citado en un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).
La Acnudh constató que en 2019 el 21,1% de la población de la Unión Europea —lo que representa 92,4 millones de personas— estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Un total de 19,4 millones de niños o el 23,1%, señaló, viven en la pobreza.
Mientras que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, según la Acnudh, afectó a muchos europeos que jamás habían experimentado la pobreza.
De Schutter expresó la certeza que la Unión Europea puede «desempeñar un papel importante para impulsar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la pobreza, especialmente a través de las recomendaciones de país que emite de forma anual».
Sin embargo, afirmó, en vez de priorizar las inversiones en sanidad, educación y protección social, las recomendaciones de la UE «a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad», y como resultado, recordó, «desde 2009, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en estas áreas que son críticas para la reducción de la pobreza».
El experto se refirió al Pacto Verde Europeo, presentado a finales de 2019 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la nueva estrategia de crecimiento de la UE.
«La lucha contra la pobreza es la pieza que falta en este Pacto Verde. En teoría el Pacto Verde combina objetivos medioambientales y sociales, pero mientras esta buena voluntad no se traduzca en acciones concretas, millones de personas seguirán luchando por un nivel de vida digno en una sociedad que les abandona», subrayó.
El relator especial de la ONU también planteó el problema de una competencia «inútil» entre los Estados miembros implicados «en una carrera para bajar impuestos, salarios y protecciones para los trabajadores a niveles mínimos porque creen que así pueden atraer a los inversores y mejorar su competitividad en el mercado».
«Pero socavar los derechos sociales no solo viola sus obligaciones internacionales, sino que además es malo tanto para empresas y trabajadores como para las arcas públicas. Cada año se pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros solo por la competencia en materia impositiva», indicó De Schutter.
«El resultado es que se desplaza la carga fiscal de las grandes empresas e individuos ricos hacia los trabajadores y los consumidores», agregó.
Cortesía de Sputnik
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